Alberto PradillaPeriodista
Han pasado poco más de cuatro años desde que Pasquall Maragall, entonces president de Cataluña, apelase al 3% como uno de los males que caracterizaban la política catalana. En la actualidad, dos operaciones policiales han vuelto situar a la corrupción en el centro del debate: son el caso del Palau de la Música, en el que Félix Millet y sus colaboradores desviaron, según la fiscalía, más de 20 millones de euros, y la Operación Pretoria, donde fueron arrestados algunos pesos pesados de la administración catalana, como Bartomeu Muñoz, ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet, del PSC, y dos antiguos altos cargos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Queda menos de un año para las elecciones al Govern y cada día aumenta el abismo entre la sociedad y una clase política que se ha ganado la fama de tener la mano ligera y un bolsillo receptivo hacia los fondos públicos. Porque los últimos casos de corrupción lo han salpicado todo: desde la financiación de los partidos, con las ayudas económicas recibidas desde el Palau de la Música por una, la fundación Trias Fargas, vinculada a Convergencia de Demócratas de Cataluña, y el Partido Independentista, de Ángel Colome, hasta la especulación urbanística de la que se beneficiaron cargos de CIU y PSC, principalmente. Tampoco el PP se ha librado, ya que Millet era miembro de FAES.
Alejamiento social
La desafección entre sociedad y representantes se ha visto multiplicada por los efectos de la crisis: en Cataluña, el paro llega al 15%, una cifra que todavía está por debajo de la media estatal (17%). No obstante, todavía está por determinar cuáles serán las consecuencias prácticas del alejamiento social de sus cargos políticos. Por el momento, las organizaciones sociales ya han comenzado a movilizarse para demandar transparencia y una mayor vigilancia ciudadana sobre los fondos públicos. Aunque todavía queda por determinar si los escándalos serán un argumento para que muchos catalanes se queden en casa en el momento de votar.
El primer interrogante es si el reguero de políticos imputados puede seguir aumentando. Si se trata de manzanas podridas o la corrupción ha contaminado todo el sistema. "Estos casos no se pueden ver como algo aislado, sino que es un fenómeno sistémico", denuncia Ada Colau, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las 50 entidades cívicas que se concentraron el sábado 21 de noviembre en la plaza de Sant Jaume de Barcelona "contra la corrupción y la impunidad". "La corrupción es un modelo generalizado", asegura Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), una entidad que ha tomado la iniciativa en la denuncia de la corrupción y que se presentará como acusación popular en los juicios contra Millet y los detenidos en el Caso Pretoria. El objetivo es que los acusados no se escabullan por alguna de las rendijas del sistema judicial, según explica Eva Fernández, presidenta de la FAVB.
El primer interrogante es si el reguero de políticos imputados puede seguir aumentando. Si se trata de manzanas podridas o la corrupción ha contaminado todo el sistema. "Estos casos no se pueden ver como algo aislado, sino que es un fenómeno sistémico", denuncia Ada Colau, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las 50 entidades cívicas que se concentraron el sábado 21 de noviembre en la plaza de Sant Jaume de Barcelona "contra la corrupción y la impunidad". "La corrupción es un modelo generalizado", asegura Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), una entidad que ha tomado la iniciativa en la denuncia de la corrupción y que se presentará como acusación popular en los juicios contra Millet y los detenidos en el Caso Pretoria. El objetivo es que los acusados no se escabullan por alguna de las rendijas del sistema judicial, según explica Eva Fernández, presidenta de la FAVB.
Movilización ciudadana
Las sospechas hacia la judicatura, en este caso por un trato más benévolo hacia los acusados de corrupción, han motivado la acción de las asociaciones de vecinos barcelonesas. "La Justicia Penal no está pensada para investigar delitos económicos", explica el jurista August Gil Matamala, ex presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos. Una opinión defendida también por el ex fiscal Anticorrupción catalán, Carlos Jiménez Villarejo, que alerta sobre la "falta de control" sobre los ayuntamientos.
El "oasis catalán" ha silenciado la acción de personajes de relevancia social y económica
"La Justicia Penal no puede hacer nada porque no tiene los instrumentos", lamenta Matamala, quien contrapone los beneficios a los que se acogen éstos imputados con el "derecho penal del enemigo" que se aplica a quienes se sitúan al margen del sistema. Porque, a pesar de todo, personajes como Millet han gozado de un gran reconocimiento social y forman parte de lo que el escritor Josep Carles Clemente denominó "el oasis catalán". Una especie de reservado para los más influyentes en el que existe un silencio de complicidad al que llegó a acogerse el ex presidente Jordi Pujol, cuando le preguntaron su opinión sobre los escándalos en la financiación de los partidos en TV3. "Si entramos aquí, saldremos mal parados", aseguró Pujol, quien añadió que "todos los casos son diferentes, pero todos desprenderían un poco de olor".
"La Justicia Penal no puede hacer nada porque no tiene los instrumentos", lamenta Matamala, quien contrapone los beneficios a los que se acogen éstos imputados con el "derecho penal del enemigo" que se aplica a quienes se sitúan al margen del sistema. Porque, a pesar de todo, personajes como Millet han gozado de un gran reconocimiento social y forman parte de lo que el escritor Josep Carles Clemente denominó "el oasis catalán". Una especie de reservado para los más influyentes en el que existe un silencio de complicidad al que llegó a acogerse el ex presidente Jordi Pujol, cuando le preguntaron su opinión sobre los escándalos en la financiación de los partidos en TV3. "Si entramos aquí, saldremos mal parados", aseguró Pujol, quien añadió que "todos los casos son diferentes, pero todos desprenderían un poco de olor".
Urbanismo o negocio
Un caso paradigmático es el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. El 27 de octubre fueron arrestados su alcalde, Bartolomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, ambos del PSC, dentro de la Operación Pretoria. Casi un mes después de los arrestos, con el ex primer edil recientemente trasladado a la prisión de Barcelona y un desfalco que podría llegar a los 40 millones de euros, el Consistorio trataba de refundarse. Pero lo hacía sustituyendo a Muñoz por su teniente de alcalde, Núria Parlón, una mujer joven y con larga trayectoria como técnica en el Ayuntamiento. Ésto no ha contentado a los vecinos, que tienen la sensación de ser espectadores en un arreglo entre políticos y que exigen "la disolución del Consistorio y la creación de una gestora", según asegura Aitor Blanc, portavoz de la Plataforma vecinal por la Defensa de la Serra de Marina y Can Zam. Por lo menos, han logrado que la nueva alcaldesa paralice los tres proyectos urbanísticos impulsados por su predecesor y que habían suscitado un mayor rechazo vecinal. Aunque creen que no es suficiente. Las sospechas sobre negocios oscuros habían sido hechas públicas en muchas ocasiones.
"Los casos de corrupción no se pueden resolver con una negociación entre partidos ni ocultar. No se pueden liquidar en el Parlamento, sino que es necesaria una investigación seria", demanda Eva Fernández, de la FAVB. Su receta, "más participación ciudadana" y activar de forma eficaz los mecanismos de control ya existentes, como la Sindicatura de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la fractura entre políticos y sociedad catalana sea todavía mayor. "No podemos caer en el que se vayan todos. Debemos realizar una defensa de lo público, y ésto se concreta en más medidas de control y una participación real de la sociedad en la política", asegura Eva Fernández. Aunque otras voces, como la de Oleguer Bohigas, portavoz de la asamblea de parados de Cataluña, ya han apelado a esa consigna tan repetida por los argentinos cuando el corralito financiero hundió la economía del país.
Queda algo más de un año para las elecciones municipales y no parece que los intentos del presidente, José Montilla (PSC), de promover contrarreloj algunas normas contra la corrupción hayan logrado que los catalanes recuperen la confianza. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ésta es una de las comunidades con mayores índices de abstención, especialmente, cuando toca depositar el voto en sus propios municipios.