EL AGUJERO SUPERA LOS 60 MILLONESEl agujero del Ayuntamiento socialista de Santa Coloma aumentaba mientras el Parlamento catalán miraba hacia otro lado. La Sindicatura de Cuentas le remitió en 2007 un informe detallado de las operaciones urbanísticas del consistorio. Los diputados lo archivaron.
El informe de la Sindicatura de Cuentas alertaba sobre la existencia de irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento socialista de Santa Coloma de Gramanet, y que han acabado desembocando dos años después en la operación dirigida por Garzón.
Sin embargo, los diputados catalanes miraron hacia otro lado y archivaron el informe. Ningún grupo político solicitó siquiera la comparecencia del síndico, Joan Colom.
En el informe, que se refería al ejercicio de 2003 aunque fue presentado en 2007, los auditores encontraron numerosas irregularidades en los aspectos que revisaron: las inversiones del Consistorio y su financiación, la contratación del personal y la liquidación del impuesto de plusvalías.
Pero no sólo los políticos catalanes decidieron obviar el escándalo. Tal y como recoge El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona dirigido por el juez Adolfo Fernández Oubiña, archivó en 2003 la querella presentada por siete empresas en la que se denunciaba, entre otras cosas, una serie de anomalías en la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma.
Las irregularidades se extendían también a otros ayuntamientos socialistas como el de Badalona, también investigado por Garzón. El proceso judicial que llevó a la imputación de alcaldes, concejales de urbanismo y de otros cargos municipales fue archivado.
Mientras la casta política catalana, e incluso la justicia, miraban hacia otro lado, el agujero en el Ayuntamiento de Santa Coloma iba aumentando. Según publica ABC, la deuda supera los 60 millones de euros, según las primeras estimaciones. Y el beneficio de la trama superaría los 20 millones.
En los registros ha llamado la atención el volumen de obras de arte intervenidas. Sólo con las confiscadas al ex diputado del PSC, Luis García Sáez, se llenaron dos furgonetas. Y es que, se sospecha, que una de las formas en las que los imputados blanqueaban dinero era con la compra de arte.