FERNANDO ÓNEGAEl espectador podría ser cruel y preguntar si Prenafeta y Macià Alavedra se han vuelto de golpe corruptos –perdón, presuntamente corruptos– o ya tenían ese germen cuando ocupaban puestos de gobierno. Podría ser impertinente y sugerir que, al fin, ha surgido la sociovergencia: la unión de socialistas y convergentes con la pasta como nexo. Y podría convertirse en acusación y preguntar a los arrestados de Santa Coloma (igual, por cierto, que al señor Millet) si saben lo que son veinte millones de euros, que es la cantidad robada en recalificaciones: el sueldo mensual de 20.000 mileuristas.
Como es un simple espectador lejano de lo ocurrido en Santa Coloma y todo lo que le precede, se limita a gritar que no hay derecho. No hay derecho a que los ayuntamientos estén en quiebra, sin pagar a proveedores, causando la ruina de muchas empresas, y suplicando auxilio financiero del Estado, y algunos de sus responsables los usen como plataforma de enriquecimiento delictivo y utilicen su imaginación para la apropiación de recursos públicos.
No hay derecho a que auténticos saqueadores de ciudades, a los que sólo faltó el trabuco para llevarse el dinero a espuertas a sus residencias de lujo, gocen de plácida libertad, en el mejor de los casos después de un liviano tránsito por la cárcel, y sin devolver un euro de lo robado a sus vecinos.
No hay derecho a que la gente piense que vota a servidores públicos que van a resolver sus problemas, y tenga que sufrir el desengaño de haber dado su confianza a golfos que acudieron a la política para forrarse. Los vecinos de Santa Coloma que hablaron en la radio son la expresión dramática de esa decepción, que puede trasladarse a todo el sistema institucional.
No hay derecho a que un grupo de políticos de medio pelo, pero afincados en todos los territorios, manchen con sus acciones delictivas la imagen de toda la clase política, en general honesta. Ni a que transmitan la impresión de que estamos en el momento de mayor corrupción de la historia, o que todo gobernante lleva un delincuente en su interior. Ni a que sus acciones desprestigien la democracia, pongan en duda el sistema de valores y nos hagan temer que sólo se ha descubierto una parte mínima del pringue que corroe el sistema.
Metido en protesta, no hay derecho a la burda defensa de algún partido político que acusa a los guardias que descubren a sus ladrones, a los fiscales que formulan la denuncia, y a los jueces que instruyen, de perseguirlo con saña o de sufrir un sistema policial. No hay derecho a este espectáculo donde es menos noticia el político honesto que el ladrón.