Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música-Orfeó Català, y Jordi Montull, su mano derecha, han dormido esta noche en la cárcel Modelo de Barcelona. Lo que no acordó el juez Juli Solaz el año pasado por el saqueo de la entidad y el desvío de millones de euros para beneficio personal lo hizo ayer su homóloga, la magistrada Míriam de Rosa Palacio, por los delitos de tráfico de influencias (presión a altos cargos políticos) y apropiación indebida presuntamente cometidos en la operación urbanística para construir un hotel de lujo en la confluencia de las calles de Santa Pere Més alt y de Amadeu Vives, cerca de la sede de la entidad en el barrio barcelonés de Ciutat Vella. El lunes declarará por este caso el conseller Antoni Castell como testigo, porque la jueza pretende determinar quién desde la Administración ayudó a los imputados a cometer el delito.La jueza acordó la prisión provisional de Millet y Montull tras la petición del fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrín, que presentó la querella la semana pasada y que durante los últimos meses ha estado investigando las irregularidades. Los abogados de los dos imputados defendieron su inocencia con contundencia y llegaron a afirmar que la fiscalía había montado una «estrategia artificial» sin pruebas para encarcelar a sus clientes. La magistrada rechazó este argumento y detalló en un auto (después de más de cuatro horas de declaración de los acusados y más de una hora de vistilla para pedir la prisión) todos los indicios que, a su entender, existen contra los exdirectivos.
MOTIVOS DEL ENCARCELAMIENTO / De Rosa Palacio basa el encarcelamiento de Millet y de Montull no solo en la presunta existencia de delito, sino también en el apreciable «riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes». Agrega que es obvio «la capacidad de los imputados para influir» en estos momentos de la instrucción de la causa sobre otros posibles acusados o testigos. Y como muestra expone la confesión de Montull de que ha hablado con uno de los testigos –un arquitecto– para conminarle a que aporte al juzgado documentación que acredite que los 900.000 euros presuntamente apropiados corresponden a sus honorarios.
En los próximos días deberán declarar como testigos importantes cargos públicos, como el conseller de Economia, Antoni Castells, y la directora general de Patrimoni, Immaculada Turu (lunes) y el teniente de alcalde Ramón García-Bragado (miércoles), además de otras personas que han tenido o tienen responsabilidad en la Administración.
La jueza recuerda que el tráfico de influencias es un delito que tipifica la acción de influir en un funcionario o autoridad «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal» directa o a través de terceros con la intención de conseguir «una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí». La magistrada estima que el beneficio que pretendían conseguir Millet y Montull eran los 3,6 millones de euros que debía abonar al Palau la empresa constructora.
Hay documentos que, según De Rosa Palacio, reflejan la intención de los imputados de incidir en la actuación de los funcionarios a fin de que no se plantearan obstáculos en el proyecto del hotel y que la modificación urbanística necesaria se hiciera lo antes posible». Montull aseguró ayer que cuando se dio cuenta de que se debían descatalogar dos inmuebles protegidos para levantar el hotel, desde la Generalitat le manifestaron que «todo es posible».
CONVENIO FIRMADO / El auto también explica las supuestas irregularidades cometidas por la Generalitat al tramitar la operación y detalla que Castells firmó con Millet el 8 de marzo del 2006 un convenio para la permuta del uso de unas fincas públicas sin que en el expediente previo se incluyera un informe jurídico preceptivo, un dictamen sobre la pérdida de patrimonio por parte de la Administración catalana ni otro del suelo adquirido por el Palau.
