La Audiencia de Tarragona ha reabierto el caso de presunta corrupción contra el ex alcalde de Salou, Esteve Ferran, y su hijo, Esteve Ferran Gombau, tras aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía.
Según ha informado hoy Onda Cero, tras esta decisión el juzgado de instrucción número 4 de Tarragona deberá reabrir la causa, que se archivó en diciembre de 2009.
Tanto el ex alcalde como su hijo, ex concejal de Urbanismo, están acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en diversas actuaciones urbanísticas.
La Audiencia de Tarragona considera ahora que "hay indicios suficientes de responsabilidad criminal de los acusados".
La Fiscalía de Tarragona recurrió el pasado 20 de enero la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona de sobreseer provisionalmente las diligencias abiertas por supuestas irregularidades urbanísticas en Salou, por las que estaban imputados el ex alcalde Esteve Ferran, su hijo y nueve personas más.
El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, Xavier Jou, presentó un recurso de apelación ante la decisión judicial al entender que existían indicios de delito en la operación de compraventa de una finca asociada a la revisión del Plan de Ordenación Urbana del Municipio (POUM).
La operación urbanística investigada hacía referencia a una finca rústica de la partida Emprius, que había sido adquirida en 1999 por cinco millones de pesetas (unos 30.000 euros), y que unos años después, en 2004, Esteve Ferran Gombau vendió por 506.445 euros, después de que el POUM cambiase los usos de la zona, que pasó a ser urbanizable.
El procedimiento se inició en virtud de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal el 4 de octubre de 2007 contra el ex alcalde de Salou Esteve Ferran Rivera y su hijo y ex edil de Urbanismo Esteve Ferran Gombau, ambos pertenecientes entonces a la formación política Ferran Units Per Salou (FUPS).
La Fiscalía de Tarragona les acusaba de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y aprovechamiento ilícito de información privilegiada, presuntamente cometidos en diversas actuaciones urbanísticas realizadas en Salou desde 1999.
Además de Ferran Rivera y Ferran Gombau, durante la instrucción del caso el juez imputó también a otras nueve personas.
Esteve Ferran Rivera, que abandonó FUPS, partido que había fundado y creado, poco antes de que le expulsaran, tiene previsto presentarse a las próximas elecciones municipales encabezando la lista de una nueva formación, Tots Units per Salou.
Liga Ciudadana Catalunya Sin Corrupción
La noticia del anuncio de la denuncia por corrupción contra el xenófobo Josep Anglada provoca la creación de la sección de la comarca de Osona
La noticia de la nota de prensa enviada hace unos días y publicada entre otros medios en Osona.com ha llevado a que un grupo de vecinos se pusieran en contacto y se hallan dado los primeros pasos para constituir la sección de la comarca de Osona.
Hasta ahora no teníamos estructura estable en esa zona, pero la noticia ha caído como una bomba en la zona, por lo que en breve la sección de Osona se unirá a todas las existentes.
Lo más chocante es que han sido precisamente algunos vecinos que dicen haber votado a la Plataforma per Catalunya en anteriores comicios y pertenecientes a algunas asociaciones de vecinos de Vic, los que antes se han puesto en contacto con nuestra asociación. Estos vecinos nos han trasladado su interés y dicen sentirse especialmente engañados y utilizados por Josep Anglada, por lo que se han decidido implantar la asociación en la comarca y desenmascarar este importante caso de corrupción llegando hasta las últimas consecuencias.
Os mantendremos informados.
La Junta Directiva
La exconcejal de Ciutat Vella pidió por carta a Hereu que revocase la operación urbanística del hotel del Palau
El pleno de Ciutat Vella de mayo, presidido por Carles Martí, desestimó anular la modificación.
Fecha: 1 de febrero del 2010. Remitente: Itziar González, concejal de Ciutat Vella. Destinatario: Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. "(...) me parece necesario, en tanto que miembro del equipo de gobierno municipal más próximo al ámbito de planeamiento (entorno del Palau de la Música en el barrio de Sant Pere), pedirte que a la vista de las noticias y las informaciones que van apareciendo en los medios de comunicación sobre la titularidad de la propiedad de las fincas del barrio de Sant Pere, propongas la revocación del planeamiento urbanístico que hemos impulsado las administraciones (Ayuntamiento y Generalitat), mediante la declaración de lesividad del acuerdo tomado en su momento".
La operación urbanística
10 NOVIEMBRE 2003 Contrato entre la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y el Institut de Germans de les Escoles Cristianes. Cesión gratuita de un solar y tres fincas a cambio de obras en el colegio La Salle Comtal por 4,48 millones. La calificación de las fincas cedidas es de equipamiento docente. AUTO: "Conocían los obstáculos urbanísticos que dificultarían la realización de esta operación (…) desde la Generalitat le manifestaron que todo es posible". 8 MARZO 2006 Convenio Conselleria d'Economia-Fundació Permuta de calificaciones urbanísticas: la finca de la calle Ciutat 1 (suelo residencial libre) por las fincas de Sant Pere més Alt (equipamientos docentes). Se acuerda una compensación económica a la Generalitat por pérdida patrimonial fijada en un porcentaje en función del valor del suelo residencial de las fincas de Sant Pere més Alt. AUTO: "No obra el informe jurídico preceptivo, informe de la valoración de la pérdida de patrimonio de la Generalitat ni tampoco el informe de valoración del suelo adquirido por la Fundació". 24 OCTUBRE 2006 Convenio Generalitat- Fundació-Ajuntament de Barcelona. Compromiso para sacar adelante la modificación del Plan General Metropolità. La eficacia del convenio se supedita a la aprobación del Consell de Govern (no se lleva a cabo). 20 DICIEMBRE 2006 Contrato privado Fundació- Olivia Hotels. Cesión de derechos. En marzo del 2010 la Generalitat informa que no conoce esta operación. 12 JULIO 2007 Escrituras de cesión de derechos a Olivia Hotels. La empresa abonará a la Fundació 3,6 millones y a la Generalitat 5,5 millones. Además, la Fundació tendría 15 plazas de parking y un almacén. No consta el visto bueno de la Generalitat a la cesión. NOVIEMBRE 2007 Mensaje de Montull a Manuel Valderrama."Las gestiones han sido a nivel político con Carles Martí, según él ningún problema. Xavier Trias (CiU), muy amigo de de la concejal, y no le ha puesto ninguna pega. Fernández Díaz (PP) dice que lo que venga del Palau no pondrán ninguna pega. El portavoz de Esquerra apoyará el proyecto. El alcalde de Barcelona apoya totalmente el tema (…) todo va bien pero las cosas de palacio van despacio". 10 ABRIL 2008 Aprobación inicial de la modificación del PGM 17 SEPTIEMBRE 2008 La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural rechaza la descatalogación de los edificios. 22 JULIO 2009 Aprobación modificación PGM. Se publica en el DOGC en octubre.
MÁS INFORMACIÓN
La ex concejal Itziar González –dimitió hace dos meses– habría sido el principal objeto de presión de la antigua dirección del Palau para lograr que la operación del hotel saliera adelante. Según el auto de la juez, Montull explicó que "no se atrevía a enfrentarse a los vecinos, y siempre intentaba dilatar el procedimiento". Pero la que fue edil de Ciutat Vella también fue la primera en afrontar la realidad del proyecto teniendo en cuenta el desfalco del Palau y la acción de sus responsables. "Sólo después de garantizar que en todo el proceso se han cumplido las máximas de transparencia y concurrencia pública a las que están sometidas las administraciones públicas, estamos legitimados a sacar adelante este planeamiento".El llamamiento de González cayó en saco roto. En el pleno de Ciutat Vella del mes pasado, el primero tras su dimisión y que estaba presidido por el ex primer teniente de alcalde, Carles Martí, ERC presentó una propuesta para anular la modificación de PGM de las fincas afectadas. Una proposición calcada a la que se aprobó ayer en el pleno, pero que, curiosamente, en esa ocasión fue desestimada.Tampoco en la dirección general de Patrimoni, dependiente de la Conselleria d'Economia, actuaron ante el alud de informaciones que avisaba de que todo lo que tocaban Millet y Montull había entrado en una espiral de sospecha desde el verano pasado con la entrada de los Mossos en el Palau. De hecho, según la juez que instruye el caso, Míriam de Rosa, en marzo del 2010 ni tan sólo se daban por informados de que la Fundació ya no era la propietaria de las fincas junto al Palau, sino que lo era Olivia Hotels. En abril, Economia requirió a la Fundació del Palau que cumpliera con las compensaciones económicas que se derivaban del convenio de marzo del 2006. Sin cantidad concreta. Sólo después de que la directora de Patrimoni, Immaculada Turu, se viera en un callejón sin salida en la comisión de investigación parlamentaria, Economia se avino a poner una cifra a su reclamación por la pérdida patrimonial sufrida: 5,6 millones.Para la juez, tanto el convenio firmado entre la Fundació y la Generalitat como el posterior con el Ayuntamiento "adolecen de irregularidades". En el primero de ellos, "no obra el informe jurídico preceptivo, informe de valoración de la pérdida de patrimonio por la Generalitat ni tampoco el informe de valoración del suelo adquirido por la Fundació". La eficacia de ambos convenios "queda supeditada a la aprobación del Consell de Govern, que no consta se haya llevado a cabo; no se solicita la acreditación de titularidad de la Fundació sobre las fincas para la realización de trámites administrativos". Irregularidades que la juez investigará a partir del lunes y que puede acabar con nuevas imputaciones, en este caso por prevaricación de funcionario público.
La operación urbanística
10 NOVIEMBRE 2003 Contrato entre la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y el Institut de Germans de les Escoles Cristianes. Cesión gratuita de un solar y tres fincas a cambio de obras en el colegio La Salle Comtal por 4,48 millones. La calificación de las fincas cedidas es de equipamiento docente. AUTO: "Conocían los obstáculos urbanísticos que dificultarían la realización de esta operación (…) desde la Generalitat le manifestaron que todo es posible". 8 MARZO 2006 Convenio Conselleria d'Economia-Fundació Permuta de calificaciones urbanísticas: la finca de la calle Ciutat 1 (suelo residencial libre) por las fincas de Sant Pere més Alt (equipamientos docentes). Se acuerda una compensación económica a la Generalitat por pérdida patrimonial fijada en un porcentaje en función del valor del suelo residencial de las fincas de Sant Pere més Alt. AUTO: "No obra el informe jurídico preceptivo, informe de la valoración de la pérdida de patrimonio de la Generalitat ni tampoco el informe de valoración del suelo adquirido por la Fundació". 24 OCTUBRE 2006 Convenio Generalitat- Fundació-Ajuntament de Barcelona. Compromiso para sacar adelante la modificación del Plan General Metropolità. La eficacia del convenio se supedita a la aprobación del Consell de Govern (no se lleva a cabo). 20 DICIEMBRE 2006 Contrato privado Fundació- Olivia Hotels. Cesión de derechos. En marzo del 2010 la Generalitat informa que no conoce esta operación. 12 JULIO 2007 Escrituras de cesión de derechos a Olivia Hotels. La empresa abonará a la Fundació 3,6 millones y a la Generalitat 5,5 millones. Además, la Fundació tendría 15 plazas de parking y un almacén. No consta el visto bueno de la Generalitat a la cesión. NOVIEMBRE 2007 Mensaje de Montull a Manuel Valderrama."Las gestiones han sido a nivel político con Carles Martí, según él ningún problema. Xavier Trias (CiU), muy amigo de de la concejal, y no le ha puesto ninguna pega. Fernández Díaz (PP) dice que lo que venga del Palau no pondrán ninguna pega. El portavoz de Esquerra apoyará el proyecto. El alcalde de Barcelona apoya totalmente el tema (…) todo va bien pero las cosas de palacio van despacio". 10 ABRIL 2008 Aprobación inicial de la modificación del PGM 17 SEPTIEMBRE 2008 La Comissió Territorial de Patrimoni Cultural rechaza la descatalogación de los edificios. 22 JULIO 2009 Aprobación modificación PGM. Se publica en el DOGC en octubre.
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La ex concejal Itziar González –dimitió hace dos meses– habría sido el principal objeto de presión de la antigua dirección del Palau para lograr que la operación del hotel saliera adelante. Según el auto de la juez, Montull explicó que "no se atrevía a enfrentarse a los vecinos, y siempre intentaba dilatar el procedimiento". Pero la que fue edil de Ciutat Vella también fue la primera en afrontar la realidad del proyecto teniendo en cuenta el desfalco del Palau y la acción de sus responsables. "Sólo después de garantizar que en todo el proceso se han cumplido las máximas de transparencia y concurrencia pública a las que están sometidas las administraciones públicas, estamos legitimados a sacar adelante este planeamiento".El llamamiento de González cayó en saco roto. En el pleno de Ciutat Vella del mes pasado, el primero tras su dimisión y que estaba presidido por el ex primer teniente de alcalde, Carles Martí, ERC presentó una propuesta para anular la modificación de PGM de las fincas afectadas. Una proposición calcada a la que se aprobó ayer en el pleno, pero que, curiosamente, en esa ocasión fue desestimada.Tampoco en la dirección general de Patrimoni, dependiente de la Conselleria d'Economia, actuaron ante el alud de informaciones que avisaba de que todo lo que tocaban Millet y Montull había entrado en una espiral de sospecha desde el verano pasado con la entrada de los Mossos en el Palau. De hecho, según la juez que instruye el caso, Míriam de Rosa, en marzo del 2010 ni tan sólo se daban por informados de que la Fundació ya no era la propietaria de las fincas junto al Palau, sino que lo era Olivia Hotels. En abril, Economia requirió a la Fundació del Palau que cumpliera con las compensaciones económicas que se derivaban del convenio de marzo del 2006. Sin cantidad concreta. Sólo después de que la directora de Patrimoni, Immaculada Turu, se viera en un callejón sin salida en la comisión de investigación parlamentaria, Economia se avino a poner una cifra a su reclamación por la pérdida patrimonial sufrida: 5,6 millones.Para la juez, tanto el convenio firmado entre la Fundació y la Generalitat como el posterior con el Ayuntamiento "adolecen de irregularidades". En el primero de ellos, "no obra el informe jurídico preceptivo, informe de valoración de la pérdida de patrimonio por la Generalitat ni tampoco el informe de valoración del suelo adquirido por la Fundació". La eficacia de ambos convenios "queda supeditada a la aprobación del Consell de Govern, que no consta se haya llevado a cabo; no se solicita la acreditación de titularidad de la Fundació sobre las fincas para la realización de trámites administrativos". Irregularidades que la juez investigará a partir del lunes y que puede acabar con nuevas imputaciones, en este caso por prevaricación de funcionario público.
La jueza envía a Millet y Montull a la Modelo por el hotel del Palau
Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música-Orfeó Català, y Jordi Montull, su mano derecha, han dormido esta noche en la cárcel Modelo de Barcelona. Lo que no acordó el juez Juli Solaz el año pasado por el saqueo de la entidad y el desvío de millones de euros para beneficio personal lo hizo ayer su homóloga, la magistrada Míriam de Rosa Palacio, por los delitos de tráfico de influencias (presión a altos cargos políticos) y apropiación indebida presuntamente cometidos en la operación urbanística para construir un hotel de lujo en la confluencia de las calles de Santa Pere Més alt y de Amadeu Vives, cerca de la sede de la entidad en el barrio barcelonés de Ciutat Vella. El lunes declarará por este caso el conseller Antoni Castell como testigo, porque la jueza pretende determinar quién desde la Administración ayudó a los imputados a cometer el delito.
La jueza acordó la prisión provisional de Millet y Montull tras la petición del fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrín, que presentó la querella la semana pasada y que durante los últimos meses ha estado investigando las irregularidades. Los abogados de los dos imputados defendieron su inocencia con contundencia y llegaron a afirmar que la fiscalía había montado una «estrategia artificial» sin pruebas para encarcelar a sus clientes. La magistrada rechazó este argumento y detalló en un auto (después de más de cuatro horas de declaración de los acusados y más de una hora de vistilla para pedir la prisión) todos los indicios que, a su entender, existen contra los exdirectivos.
MOTIVOS DEL ENCARCELAMIENTO / De Rosa Palacio basa el encarcelamiento de Millet y de Montull no solo en la presunta existencia de delito, sino también en el apreciable «riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes». Agrega que es obvio «la capacidad de los imputados para influir» en estos momentos de la instrucción de la causa sobre otros posibles acusados o testigos. Y como muestra expone la confesión de Montull de que ha hablado con uno de los testigos –un arquitecto– para conminarle a que aporte al juzgado documentación que acredite que los 900.000 euros presuntamente apropiados corresponden a sus honorarios.
En los próximos días deberán declarar como testigos importantes cargos públicos, como el conseller de Economia, Antoni Castells, y la directora general de Patrimoni, Immaculada Turu (lunes) y el teniente de alcalde Ramón García-Bragado (miércoles), además de otras personas que han tenido o tienen responsabilidad en la Administración.
La jueza recuerda que el tráfico de influencias es un delito que tipifica la acción de influir en un funcionario o autoridad «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal» directa o a través de terceros con la intención de conseguir «una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí». La magistrada estima que el beneficio que pretendían conseguir Millet y Montull eran los 3,6 millones de euros que debía abonar al Palau la empresa constructora.
Hay documentos que, según De Rosa Palacio, reflejan la intención de los imputados de incidir en la actuación de los funcionarios a fin de que no se plantearan obstáculos en el proyecto del hotel y que la modificación urbanística necesaria se hiciera lo antes posible». Montull aseguró ayer que cuando se dio cuenta de que se debían descatalogar dos inmuebles protegidos para levantar el hotel, desde la Generalitat le manifestaron que «todo es posible».
CONVENIO FIRMADO / El auto también explica las supuestas irregularidades cometidas por la Generalitat al tramitar la operación y detalla que Castells firmó con Millet el 8 de marzo del 2006 un convenio para la permuta del uso de unas fincas públicas sin que en el expediente previo se incluyera un informe jurídico preceptivo, un dictamen sobre la pérdida de patrimonio por parte de la Administración catalana ni otro del suelo adquirido por el Palau.
La jueza acordó la prisión provisional de Millet y Montull tras la petición del fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrín, que presentó la querella la semana pasada y que durante los últimos meses ha estado investigando las irregularidades. Los abogados de los dos imputados defendieron su inocencia con contundencia y llegaron a afirmar que la fiscalía había montado una «estrategia artificial» sin pruebas para encarcelar a sus clientes. La magistrada rechazó este argumento y detalló en un auto (después de más de cuatro horas de declaración de los acusados y más de una hora de vistilla para pedir la prisión) todos los indicios que, a su entender, existen contra los exdirectivos.
MOTIVOS DEL ENCARCELAMIENTO / De Rosa Palacio basa el encarcelamiento de Millet y de Montull no solo en la presunta existencia de delito, sino también en el apreciable «riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes». Agrega que es obvio «la capacidad de los imputados para influir» en estos momentos de la instrucción de la causa sobre otros posibles acusados o testigos. Y como muestra expone la confesión de Montull de que ha hablado con uno de los testigos –un arquitecto– para conminarle a que aporte al juzgado documentación que acredite que los 900.000 euros presuntamente apropiados corresponden a sus honorarios.
En los próximos días deberán declarar como testigos importantes cargos públicos, como el conseller de Economia, Antoni Castells, y la directora general de Patrimoni, Immaculada Turu (lunes) y el teniente de alcalde Ramón García-Bragado (miércoles), además de otras personas que han tenido o tienen responsabilidad en la Administración.
La jueza recuerda que el tráfico de influencias es un delito que tipifica la acción de influir en un funcionario o autoridad «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal» directa o a través de terceros con la intención de conseguir «una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí». La magistrada estima que el beneficio que pretendían conseguir Millet y Montull eran los 3,6 millones de euros que debía abonar al Palau la empresa constructora.
Hay documentos que, según De Rosa Palacio, reflejan la intención de los imputados de incidir en la actuación de los funcionarios a fin de que no se plantearan obstáculos en el proyecto del hotel y que la modificación urbanística necesaria se hiciera lo antes posible». Montull aseguró ayer que cuando se dio cuenta de que se debían descatalogar dos inmuebles protegidos para levantar el hotel, desde la Generalitat le manifestaron que «todo es posible».
CONVENIO FIRMADO / El auto también explica las supuestas irregularidades cometidas por la Generalitat al tramitar la operación y detalla que Castells firmó con Millet el 8 de marzo del 2006 un convenio para la permuta del uso de unas fincas públicas sin que en el expediente previo se incluyera un informe jurídico preceptivo, un dictamen sobre la pérdida de patrimonio por parte de la Administración catalana ni otro del suelo adquirido por el Palau.
Denuncian ante la fiscalía anticorrupción al presidente de la Plataforma per Catalunya, Josep Anglada
NOTA DE PRENSA ENVIADA POR NUESTRA ASOCIACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Denuncian ante la fiscalía anticorrupción al presidente de la Plataforma per Catalunya, Josep Anglada
Barcelona. 17.06.10 Los servicios jurídicos de la Liga Ciudadana Catalunya sin Corrupción presentarán mañana 18 de junio de 2010 una denuncia ante la fiscalía anticorrupción de Cataluña contra el presidente de la xenófoba Plataforma per Catalunya y concejal del Ayuntamiento de Vic, Josep Anglada i Rius. Los delitos que la Liga pide a la fiscalía que sean investigados son los de corrupción, financiación ilegal de partido, insolvencia punible y delitos contra el derecho de los trabajadores.
El origen de esta denuncia se encuentra en la entrevista publicada en Alertadigital.com en su edición del 14 de junio y realizada al que fuera presidente de la Plataforma por Madrid y número dos del partido. En esa entrevista se detalla la relación de Josep Anglada con empresarios del sector de la construcción vinculados al entorno de Convergencia y Unió y con intereses en varios municipios en que PxC tiene concejales. Estos empresarios podrían haber financiado el partido de Anglada a cambio de votaciones a favor del Estatut o de la aprobación de los presupuestos municipales en los municipios de Vic y El Vendrell (Tarragona), desde el año 2004.
También y según los denunciantes, el embargo de los bienes de la Plataforma per Catalunya ordenada por la Inspección de Trabajo de Barcelona por el impago de la sentencia dictada por el Juzgado 21 de lo Social de Madrid al no tener dados de alta a varios trabajadores y negarse a pagarles sus salarios y liquidaciones, podría constituir un delito de insolvencia punible y otro contra los derechos de los trabajadores. El despido de esos trabajadores determinada por una sentencia que es firme y que la Plataforma per Catalunya no recurrió, dio lugar además de a los embargos señalados a la escisión de una parte importante de la plataforma. La escisión dio lugar al nacimiento del Partido per Catalunya (PxCat), encabezada por Mateu Figuerola, concejal de Cervera (Lleida) y vicepresidente de la plataforma así como de otros tres concejales de la misma provincia.
Denuncian ante la fiscalía anticorrupción al presidente de la Plataforma per Catalunya, Josep Anglada
Barcelona. 17.06.10 Los servicios jurídicos de la Liga Ciudadana Catalunya sin Corrupción presentarán mañana 18 de junio de 2010 una denuncia ante la fiscalía anticorrupción de Cataluña contra el presidente de la xenófoba Plataforma per Catalunya y concejal del Ayuntamiento de Vic, Josep Anglada i Rius. Los delitos que la Liga pide a la fiscalía que sean investigados son los de corrupción, financiación ilegal de partido, insolvencia punible y delitos contra el derecho de los trabajadores.
El origen de esta denuncia se encuentra en la entrevista publicada en Alertadigital.com en su edición del 14 de junio y realizada al que fuera presidente de la Plataforma por Madrid y número dos del partido. En esa entrevista se detalla la relación de Josep Anglada con empresarios del sector de la construcción vinculados al entorno de Convergencia y Unió y con intereses en varios municipios en que PxC tiene concejales. Estos empresarios podrían haber financiado el partido de Anglada a cambio de votaciones a favor del Estatut o de la aprobación de los presupuestos municipales en los municipios de Vic y El Vendrell (Tarragona), desde el año 2004.
También y según los denunciantes, el embargo de los bienes de la Plataforma per Catalunya ordenada por la Inspección de Trabajo de Barcelona por el impago de la sentencia dictada por el Juzgado 21 de lo Social de Madrid al no tener dados de alta a varios trabajadores y negarse a pagarles sus salarios y liquidaciones, podría constituir un delito de insolvencia punible y otro contra los derechos de los trabajadores. El despido de esos trabajadores determinada por una sentencia que es firme y que la Plataforma per Catalunya no recurrió, dio lugar además de a los embargos señalados a la escisión de una parte importante de la plataforma. La escisión dio lugar al nacimiento del Partido per Catalunya (PxCat), encabezada por Mateu Figuerola, concejal de Cervera (Lleida) y vicepresidente de la plataforma así como de otros tres concejales de la misma provincia.
Por otro lado, la Liga pedirá en el escrito de denuncia que se investigue la financiación de las campañas electorales y la contabilidad del partido. Esta petición viene motivada por las aportaciones económicas procedentes del millonario ultraderechista alemán Patrik Brikmann que anunció el propio Anglada mediante un comunicado remitido a la prensa y que podrían ser incompatibles con los sistemas de financiación de las campañas de partidos políticos, así como a posibles ingresos injustificados de dinero en las cuentas del partido, tal y como se detalló su existencia en la mencionada entrevista publicada en ese diario digital.
Barrio de Ciutadella.La asociación sigue creciendo
La campaña de reuniones locales para la consolidación en todos los barrios de Barcelona y en todos los municipios de la provincia continúa. Esta tarde ha tenido lugar una reunión con socios del barrio de Ciutadella, en la que se ha debatido sobre las actuaciones a llevar a cabo respecto al grave problema de corrupción institucionalizada existente en la sociedad catalana.
Como ejemplo de esa corrupción institucionalizada se ha puesto y leído la entrevista publicada hace unos días por Alerta Digital.com en la que se explica pormenorizadamente diferentes casos de corrupción que afectan a los concejales de la xenófoba Plataforma per Catalunya y muy especialmente al presidente de ese partido y concejal de Vic, Josep Anglada i Rius. Lo más interesante de este caso es que el resto de medios de comunicación catalanes no se han hecho eco de esa trama. Por esa razón, y por cuestión de higiene política y social, y precisamente porque podría ser un partido que entrase en la Generalitat las próximas elecciones, la asociación ya ha encargado a los abogados que redacten una denuncia ante la fiscalía contra este partido y su presidente.
Como muy bien dijeron los asistentes a la reunión no podemos permitir que otra manzana podrida entre en una Generalitat ya sobrepasada de manzanas podridas. De lo que se trata es que cada vez haya menos corruptos chupando del bote y no más. A más a más, nuestra asociación va a enviar una carta al periodista de Radio Inter Enrique de Diego, y al presidente del grupo Intereconomía donde trabaja, quien al parecer no sólo está apoyando a este señor públicamente, sino que hasta le ha publicado un libro para hacer propaganda.
En la reunión se tomó la decisión de propagar esta noticia entre los socios, y enviar un comunicado a los medios de comunicación sobre un asunto tan grave como este para que la opinión pública tenga conocimiento de estos hechos, y en su consecuencia pueda votar o no al partido de este señor, además de las acciones legales que la asociación va a tomar.
Escándalo aireado por un digital que pone al descubierto una trama de corrupción. Esta vez en Plataforma per Catalunya.
Os reproducimos la entrevista que pone al descubierto lo que oculta realmente la Plataforma per Catalunya. Este pequeño partido racista y xenófobo tiene concejales en 17 municipios catalanes y por lo que parece es un foco de corrupción. Leedla atentamente porque no tiene desperdicio y es digna de una casquería política. La podéis ver íntegra en el diario Alerta Digital.com, donde además hay una entrevista en radio que encima aclara aún más todo esto.
"Anglada se portó como un golfo y un sinvergüenza con los trabajadores de su partido"
Laura Casarramona.- César Román fue el principal responsable de la Plataforma por Madrid, la traslación del proyecto de Josep Anglada fuera del territorio catalan y uno de los principales ideólogos de Plataforma per Catalunya, de cuyo Comité Ejecutiivo Nacional formó parte. Román abre las ventanas de Alerta Digital para airear las vergüenzas de la Plataforma de Josep Anglada: embargos judiciales, impagos a la Seguridad Social, morosidad galopante, ingresos fuera de control, sanciones de la inspección de Trabajo, manejo a su antojo de las cuentas del partido, 'guiños' de oscuros empresarios vinculados a CiU y a la trama corrupta de Marbella, gestos irreverentes, acatamiento de las tesis soberanistas y hasta las relaciones del vicense con el cerebro de la red de espionaje en la Comunidad de Madrid, son algunas de las perlas informativas que este joven empresario guipuzcoano, padre de tres hijos, nos desgrana a lo largo de esta entrevista, la primera que concede tras su marcha de Plataforma. César Román abre así la espita a las procelosas aguas camufladas hasta ahora con el antiséptico del populismo para poner al descubierto el lado mas fétido y oscuro del partido de Anglada. Más vale verles las caras que rehuir jugando a la comedia de capa y espada. A través de sus palabras, se confirma lo que ya muchos barruntaban: Plataforma es un 'bluf' personalista, una mascarada politica concebida para albergar la inagotable egolatría y el ridículo mesianismo de un ex vendedor de perfumes sin chispa, sin cultura y sin ningún talento. La libertad escorada a babor o a estribor, según las circunstancias, puede que sea la peor de las soluciones si hay personas que, como César Román, están dispuestas a tirar del hilo de la enredada madeja. Su paso por Plataforma dejó poso en él y, con insultos y amenazas de por medio, quiere que sus denuncias en este medio sirvan al menos para hacer más visible el verdadero rostro de Josep Anglada. César Román es un empresario de éxito que vive a medio camino entre Malaga, Madrid y Holanda. Representante de varias organizaciones sociales y empresariales, dirige en la actualidad la oficina en Andalucía del Centro de Relaciones Comerciales Hispano Rusas y la Asociación Profesional Española de directores de Recursos Humanos. Vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Pymes de Madrid, César Román es experto en relaciones laborales, autor de tres libros sobre esta especialidad y un apasionado de la política, el asociacionismo y la sociedad civíl.
El enlace es : http://www.alertadigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=104245&Itemid=284&show=1
Además esto nos abre los ojos para ver realmente como funcionan todos los partidos políticos y como se manejan entre ellos para repartirse el pastel. En la entrevista no falta de nada.
"Anglada se portó como un golfo y un sinvergüenza con los trabajadores de su partido"
Laura Casarramona.- César Román fue el principal responsable de la Plataforma por Madrid, la traslación del proyecto de Josep Anglada fuera del territorio catalan y uno de los principales ideólogos de Plataforma per Catalunya, de cuyo Comité Ejecutiivo Nacional formó parte. Román abre las ventanas de Alerta Digital para airear las vergüenzas de la Plataforma de Josep Anglada: embargos judiciales, impagos a la Seguridad Social, morosidad galopante, ingresos fuera de control, sanciones de la inspección de Trabajo, manejo a su antojo de las cuentas del partido, 'guiños' de oscuros empresarios vinculados a CiU y a la trama corrupta de Marbella, gestos irreverentes, acatamiento de las tesis soberanistas y hasta las relaciones del vicense con el cerebro de la red de espionaje en la Comunidad de Madrid, son algunas de las perlas informativas que este joven empresario guipuzcoano, padre de tres hijos, nos desgrana a lo largo de esta entrevista, la primera que concede tras su marcha de Plataforma. César Román abre así la espita a las procelosas aguas camufladas hasta ahora con el antiséptico del populismo para poner al descubierto el lado mas fétido y oscuro del partido de Anglada. Más vale verles las caras que rehuir jugando a la comedia de capa y espada. A través de sus palabras, se confirma lo que ya muchos barruntaban: Plataforma es un 'bluf' personalista, una mascarada politica concebida para albergar la inagotable egolatría y el ridículo mesianismo de un ex vendedor de perfumes sin chispa, sin cultura y sin ningún talento. La libertad escorada a babor o a estribor, según las circunstancias, puede que sea la peor de las soluciones si hay personas que, como César Román, están dispuestas a tirar del hilo de la enredada madeja. Su paso por Plataforma dejó poso en él y, con insultos y amenazas de por medio, quiere que sus denuncias en este medio sirvan al menos para hacer más visible el verdadero rostro de Josep Anglada. César Román es un empresario de éxito que vive a medio camino entre Malaga, Madrid y Holanda. Representante de varias organizaciones sociales y empresariales, dirige en la actualidad la oficina en Andalucía del Centro de Relaciones Comerciales Hispano Rusas y la Asociación Profesional Española de directores de Recursos Humanos. Vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Pymes de Madrid, César Román es experto en relaciones laborales, autor de tres libros sobre esta especialidad y un apasionado de la política, el asociacionismo y la sociedad civíl.
-¿Qué razones le empujaron a formar parte del proyecto de Josep Anglada?El grupo de personas que, con el tiempo, formamos Plataforma por Madrid veíamos en la Plataforma por Cataluña a un partido pequeño pero con frescura en sus planteamientos y que conectaba bien con la gente. Cuando nos pusimos en contacto con ellos y decidimos dar el paso, el partido era muy reducido y apenas tenía militancia. Contaba entonces con tres concejales, que eran Anglada en Vic, August Armengol en El Vendrell y Mateu Figuerola en Cervera. También había otro en Manlleu, aunque vivía en el Prat y terminó dimitiendo. El grupo de Madrid opinamos entonces que se podía hacer mucho y que Plataforma era un buen punto de partida, ya que entre otras cosas se hablaba de lo que realmente interesaba a la gente y eso tenía calado y repercusión social. Por aquel entonces, el partido no tenía el objetivo de hacer política fuera de Cataluña. De hecho, los estatutos no recogían la posibilidad de actuar fuera de esa comunidad, aunque al final llegamos a un acuerdo y nos pusimos a trabajar. Así fue como pusimos en marcha Plataforma por Madrid.
-¿Cuál fue su papel en PxC?Me nombraron presidente de Plataforma por Madrid (PxM) y miembro de la ejecutiva nacional. Como le dije antes, cuando contactamos con Anglada, la Plataforma era muy localista y también muy primitiva. Salvo August Armengol, que es un buen médico pediatra, no había nadie con formación de nivel superior y el partido era monotemático en temas de inmigración. Sin embargo, el equipo de Madrid fue capaz de suplir esas carencias, ya que nuestro grupo lo formaban casi exclusivamente profesionales liberales. La declaración programática de Plataforma la había redactado Jaume Farrerons, que había sido secretario general. No le llegué a conocer porque abandonó el partido antes tras una sonora bronca con Anglada. Nosotros actualizamos esos principios programáticos, que en un 90% se mantienen aún hoy. También nos encargamos de dotar de contenido al partido y, en ese sentido, elaboramos propuestas novedosas. Por ejemplo, la de impedir que un inmigrante ilegal se pudiera empadronar fue obra nuestra, o la que proponía entregar la documentación a la policía de aquellos que estuvieran empadronados y no se tuviese certeza de que fuesen legales. En Madrid denunciamos ante la Inspección de Trabajo a más de 500 empresas regentadas por inmigrantes y que tenían a trabajadores ilegales. Y por otra parte, fue nuestro grupo de Madrid el que dotó al partido de una imagen moderna y en consonancia con los tiempos actuales.
-¿Qué ocurrió para que las relaciones entre Plataforma por Madrid y Anglada se rompieran?Con la apertura de las plataformas en Madrid, Castilla León y Valencia, los medios de comunicación entendieron el salto cualitativo que eso representaba, ya que pasábamos de ser un partido local a uno nacional. Eso ayudó a PxC a crecer en muchos municipios de Cataluña. Pero al mismo tiempo que eso sucedía, Anglada empezó a ser invitado a cenas, comidas y salidas en barco por empresarios del entorno de Convergencia i Unió. Eran sobre todo empresarios que tenían intereses inmobiliarios en muchos pueblos de Cataluña. Para una persona que hasta ese momento no había salido de un pequeño pueblo como Vic, salvo como representante de productos de estética, aquello supuso toda una novedad y comenzó a endiosarse y a volverse mucho más despótico. Era curioso verle contar, en medio de una Comisión Ejecutiva Nacional, que había estado en el barco de un gran empresario de la construcción y que éste le había prometido pagar los 'mailing' de la campaña electoral. Ese mismo empresario, de quien me va a permitir usted que me reserve el nombre, estuvo implicado en el caso Malaya de Marbella.Poco a poco, esos personajes con los que pasaba todo el día y que eran sobre todo gente de Unió, según decía él, le convencieron de que podía ser todo lo duro que quisiera con el asunto de la inmigración, pero que en el tema nacional de Cataluña debía tomar partido y no salirse de lo establecido.
-¿Y es entonces cuando empieza usted a percibir los primeros signos de desconfianza hacia Anglada?No, yo los primeros síntomas de desconfianza los tuve el mismo día de la presentación de la Plataforma en Madrid. Hicimos una presentación para los medios de comunicación en el hotel Conde Duque. Tras ella tuvimos una reunión con un señor que venía de parte de uno de esos empresarios catalanes relacionados con CiU. Este señor era Fernando Muniesa, un conseguidor de todo tipo de contratos con la administración, muy conocido y que ahora parece estar implicado en una estafa de 29 millones a un grupo chino. Fue también él quien montó el servicio de espionaje de la Comunidad de Madrid. En la reunión estuvimos cinco o seis personas y se ofreció para que el partido se consolidara a nivel nacional y tomara un posicionamiento republicano. Evidentemente, lo consideré una barbaridad, y nunca más quise hablar del asunto y mucho menos con ese señor. Si esas eran las recomendaciones de sus amigos empresarios, nos podemos hacer una idea de cómo eran y para qué se acercaban esos empresarios a Anglada. Entre tanto, él seguía creyéndose el ombligo del mundo y atribuyendo el acercamiento de personajes tan turbios al 'efecto Anglada'.
-¿Fueron entonces esas malas compañías las que provocaron la ruptura?Todo fue una escalada de acontecimientos. Anglada le dice a todo el mundo lo que quiere oir. Pero con respecto a los que empezaban a poner dinero o a prometérselo, la cosa cambiaba, y era él quien obedecía o se dejaba convencer. Esta gente, sin embargo, le dejó muy claro que el tema nacional de Cataluña era innegociable. El no solo lo entendió, sino que lo asumió plenamente y comenzó a hacer gestos para probar su catalanismo ante esos 'mecenas'. De muchas de esas circunstancias nos íbamos enterando poco a poco. Hasta que un día saltó la noticia en Madrid de que nuestro partido en Cataluña había votado a favor del Estatut en el Ayuntamiento de Vic. Eso dejaba literalmente con el culo al aire a las plataformas del resto de España. Primero porque todos éramos contrarios al Estatut, y segundo porque eso era imposible de explicar fuera de Cataluña. Se rompía además una norma establecida, según la cual en aquellos asuntos locales o regionales que no tuviesen repercusión nacional, cada plataforma podía decidir lo más conveniente en base a sus propios intereses locales, pero en los asuntos que tuvieran carácter nacional, las decisiones tendrían que salir de la Comisión Ejecutiva Nacional. Eso no solo se incumplió sino que fuimos testigos de otro espectáculo kafkiano. Mateu Figuerola, concejal en Cervera, fue convocado para un pleno municipal en el que se debatiría el apoyo al Estatut como único punto del orden del día. Mateu aplicó la lógica de sus valores y votó en contra. Cuando Anglada se enteró montó en cólera y le echó una bronca de escándalo por no haberle consultado. Curiosamente, le exigía a Figuerola lo que él no hizo: someter el asunto del Estatut a la consideración del Comité Ejecutivo Nacional. Yo nunca le había visto tan desencajado. Ahí supimos que él había comprometido su voto en favor del Estatut con sus amigos nacionalistas catalanes y que todo sería ya irreversible.
-¿Fue entonces cuando se consumó la ruptura?Cuando llegamos a Madrid contamos a los miembros de la Ejecutiva lo sucedido. Entonces el jefe de prensa, que era un periodista muy eficaz que estaba en nómina, se puso a buscar el acta de la votación sobre el Estatut y nos enteramos entonces de que Anglada también había votado en Vic a favor de las selecciones deportivas catalanas y del dominio 'punto cat' en internet, que era una iniciativa de ERC para contrarrestar el dominio 'punto es' lanzado por el gobierno español. Eso ya fue la puntilla y yo decidí que ese no era mi sitio. Menos tres o cuatro personas, todos los compañeros de Madrid abandonaron Plataforma. Al mismo tiempo y por los mismos motivos, las plataformas en Castilla y León y la de Valencia tomaron el mismo camino. Los de Castilla y León se integraron en Unidad Regionalista de Castilla y sacaron en las municipales unos 20 concejales. Es decir, que la decisión de Anglada de apoyar las tesis nacionalistas catalanas rompió el proyecto de conversión de Plataforma en un partido nacional, lo que nos habría permitido tener hoy unos 100 concejales, que no es una cifra cualquiera. Paralelamente, se produjo en Cataluña la escisión del grupo de Lérida, liderado por Mateu Figuerola y otros tres concejales. De Mateu Figuerola debo destacar su coherencia a la hora de defender los intereses generales de España y oponerse al Estatut en un pueblo de la Cataluña profunda como Cervera.
-¿Qué deben saber los catalanes sobre las cuentas económicas de Plataforma?Económicamente, la Plataforma es un pozo sin fondo. Entre otras cosas porque está completamente embargada por orden de los Juzgados, ya que Anglada se negó a pagar a los trabajadores que había contratado en Madrid y a quienes ni siquiera dio de alta en la Seguridad Social. Con los trabajadores del partido que no tenían culpa de nada se portó como un golfo y un sinvergüenza. Y eso que sólo les tenía que pagar las liquidaciones dado que las nóminas estaban al día, gracias a que las pagaba yo a través de una de mis empresas. Por eso tuve que ir al Juzgado a declarar en favor de los trabajadores, mientras que Anglada ni siquiera se presentó. Cuando llegaron los embargos fue cuando los concejales catalanes de PxC se enteraron del asunto. Mateu Figuerola dijo basta y se marchó
-¿De cuánto dinero estamos hablando?Creo que el Juzgado número 21 dictó un embargo de unos 18.000 euros y otro de unos 27.000 euros. Pero a esa cantidad habría que sumarle las cotizaciones a la Seguridad Social de cuatro o cinco trabajadores durante más o menos un año, más la multa que le impusiera la inspección de Trabajo por faltas muy graves. O sea, que fácilmente podemos estar hablando de unos 150.000 euros. Y a eso hay que sumar el hecho aún más grave de que Anglada no enseñe las cuentas reales a nadie porque entonces tendría que explicar que él maneja a su antojo el dinero que entra en el partido y que vive de ese dinero porque no tiene otros ingresos, que yo sepa. Es más, si los afiliados le pidieran información sobre los ingresos y sobre los movimientos bancarios de las cuentas del partido y las suyas personales, se podrían llevar muchas sorpresas. Y yo no hablo por hablar.
-Veo que conoce usted muy bien a Josep Anglada, ¿encajaría en el prototipo de líder político nacional que quiere representar?En absoluto. Lo que pasa es que ha pasado de vender perfumes y productos de estética a las peluquerías a vender peines a la gente. Y cuando se la pegue, que le aseguro que se la va a pegar, se va a llevar por delante todo lo que podría haber sido un proyecto político sólido y con futuro. Y a uno de los que arrastrará primero será a Enrique de Diego, que acaba de publicarle un libro de propaganda. Lejos de practicar un nuevo estilo político, Anglada tiene los mismos vicios que los políticos profesionales a los que critica. Entre otras cosas porque es un político profesional desde el momento que lleva años viviendo de la política y cobrando de ella. Insisto, esos datos pueden comprobarse si se investigara cómo maneja el dinero del partido y cómo ha hecho de Plataforma un partido opaco; cómo se salta a la torera lo que dice la ejecutiva nacional o cómo los candidatos en los municipios los elige o los veta él. Pero es que además yo no creo que quiera hacer un proyecto nacional, puesto que él solito laminó las tres plataformas que existían fuera de Cataluña para diseñar un partido identitario catalanista siguiendo el modelo de otros partidos separatistas europeos como la Liga Norte o el Vlams Beelang. Y eso es incompatible con un proyecto nacional.
-Por cierto, ¿ha leído el libro de Anglada?Sí y tengo que decirle que me produjo carcajadas. No por lo que dice el libro, que es muy sensato, sino porque ese libro no lo ha escrito Anglada ni de broma. Eso es evidente porque Anglada es casi analfabeto y no sabe escribir bien en castellano. Además, Anglada es un hombre muy poco leído y del 75% de los personajes que se citan en el libro él no sabe de su existencia. Sería muy gracioso que alguien en televisión le hiciera una entrevista sobre su libro y le sacara los colores pidiéndole información sobre alguno de esos personajes que se mencionan.
-¿Cómo puede haber cambiado tanto un hombre que procede de Fuerza Nueva y que supuestamente defendía la unidad de España por encima de todo?Sí, pero eso no significa nada. Pío Moa estuvo en el Grapo, muchos socialistas en el Frente de Juventudes y Jiménez Losantos en el PCE. ¿Significa eso que sigan pensando igual? Lógicamente no. Y Anglada es ahora mismo nacionalista catalán. Y si él dice que no lo es, que algún periodista en horario de máxima audiencia de televisión le pregunte si está a favor o en contra del Estatut y si defiende que España es una nación indivisible o que las selecciones deportivas catalanas puedan competir contra la española. Ya verá como se sale por la tangente o responde diciendo eso tan típico en él de que ahora no toca hablar de esas cosas. El bolsillo cambia a las personas.
-¿Apoyaría usted el proyecto del PxCat que lidera Mateu Figuerola? ¿Qué diferencias destacaría entre la PxC y el PxCat?De lo poco que he podido leer, el Partido por Cataluña que se escindió de la Plataforma de Anglada es una vuelta a los orígenes de lo que quisimos llevar a cabo inicialmente. Nosotros teníamos como ejemplo el proyecto que en Holanda encabezó Pim Fortuyn, así como el de los partidos centristas de Suiza o Dinamarca. Entendíamos que estaban más cerca de lo que nosotros pensábamos porque tenían un fuerte componente liberal. Yo tuve la suerte de conocer a Pim Fortuyn y a Theo Van Gogh antes de que los asesinaran por sus ideas y siempre entendí que esa era la línea a seguir. El heredero natural de ese estilo es Geert Wilders, quien acaba de obtener 29 diputados y es la tercera fuerza política de Holanda. Ahí es donde yo creo que está la gran diferencia. Mientras Mateu Figuerola apuesta por esa vuelta a los orígenes y por una tendencia más centrista y liberal, Anglada apostó claramente por el estilo bronco de la Liga Norte. Pero con un problema añadido: que Anglada no es Bossi ni tiene un partido estructurado como la Liga. Yo creo que la línea marcada por Mateu Figuerola es una buena estrategia y creo que están acertando.
-¿Se mostraría partidario de un proyecto identitario en Andalucía?Completamente. Creo que hace falta un proyecto que plantee desde la sensatez un mejor control de la inmigración, una regeneración de la vida política, una reestructuración de la administración del estado, o un replanteamiento del modelo productivo y de relaciones laborales que tenemos. Y eso solo se puede hacer desde un proyecto de ese tipo. Además, en Andalucía existe un gran hartazgo hacia tantos años de chavismo y corrupción generalizada.
Cena de la sección de Mataró
Los compañeros de Mataró han tenido una cena de trabajo y hermandad el pasado lunes. En ella han afianzado los lazos que les únen y han acordado comenzar una campaña de afiliación para que la sección de Mataró sea cada vez mayor.
La cena sirvió que además acordasen organizar una campaña en diferentes redes sociales para dar a conocer la asociación entre más catalanes de otros municipios y del suyo propio. Con esa iniciativa dentro de muy poco estaremos en facebook y twenti, según nos han comunicado los compañeros de Mataró.
Además, uno de esos compañeros se va a encargar de agilizar y dar un nuevo formato a la página web y los boletines internos, con lo que tendremos dentro de poco una imágen colectiva común.
Mataró está trabajando muy bien, y aunque han sido unas de las últimas incorporaciones, como vemos en la foto se han cohesionado muy bien y el grupo está creciendo rápidamente.
La cena sirvió que además acordasen organizar una campaña en diferentes redes sociales para dar a conocer la asociación entre más catalanes de otros municipios y del suyo propio. Con esa iniciativa dentro de muy poco estaremos en facebook y twenti, según nos han comunicado los compañeros de Mataró.
Además, uno de esos compañeros se va a encargar de agilizar y dar un nuevo formato a la página web y los boletines internos, con lo que tendremos dentro de poco una imágen colectiva común.
Mataró está trabajando muy bien, y aunque han sido unas de las últimas incorporaciones, como vemos en la foto se han cohesionado muy bien y el grupo está creciendo rápidamente.
Corrupción y corruptelas
Pedro Fernández Vicente
Periodista
Como ciudadano que soy, por encima de otras consideraciones profesionales, siento una gran incomodidad cada vez que sale a luz un nuevo caso de corrupción política, de malversación de fondos públicos o de cualquier otra circunstancia que salpica a la vida pública, a esa vida de la que me siento partícipe y en la que estoy inmerso. Es como una sacudida que me obliga a mirar de forma negativa aspectos de mi entorno, que yo considero la base de mi estado de ánimo cotidiano. La corrupción representa la mentira, el engaño, la traición, el egoísmo llevado a un grado insoportable, el desprecio a los demás, la falta de respeto por lo público.Es una ausencia de valores sociales que está más extendido de lo que pudiera parecer en principio, a la vista de todos los casos que vamos conociendo y que, gracias a la democracia, salen a la luz. Desde Roldán hasta Munar o Matas, asistimos a todo un espectáculo de delincuencia, más o menos organizada, que tiene un aspecto delicado, como es la costumbre de los ciudadanos a desayunar cada mañana con un nuevo caso, en el que el sinvergüenza de turno se ha llevado un montón de millones a un lugar secreto, para disfrutarlos una vez que haya pasado la tormenta de los medios. No podemos acostumbrarnos y admitirlo como irremediable. Y en eso, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Es verdad que muchos de estos ladrones, que engañan diciendo que son políticos, esos que nos traicionaron con bonitos discursos de solidaridad, siempre dejan una parte de lo robado, de ese dinero que es nuestro, de todos, escondido a buen recaudo para una mejor ocasión. Y lo consiguen. Una vez que terminan su periodo de cárcel, si es que entran en ella, se dedican a esas tareas misteriosas que siempre les permiten vivir ¿decentemente?. No creo que quien ha traicionado de esta manera la confianza de todos nosotros, pueda vivir, con la ética necesaria, en ningún momento de su vida. Siempre estará salpicado de corrupción y engaño. Esa será su imagen. Al menos que la tranquilidad no sea total. Digo todo esto, y podría decir muchas cosas más, para lamentar que la vida pública esté salpicada de tantos casos, aunque sean menos que hace 30 años, porque la libertad nos permiten criticarlos, y quisiera pedir a los dos grandes partidos, a esos que no pactan o que lo hacen menos de lo que nos gustaría a todos, que hagan un ejercicio de limpieza de filas. Que busquen dentro de cada casa y pongan las cosas en orden, porque esto de la corrupción afecta a todos. Ahora que caminamos hacia una nuevas elecciones municipales y autonómicas, me gustaría ver las portadas de los periódicos con esas propuestas que nos hacen y no, como ya ocurrió en otras convocatorias, centrados en los casos de corrupción que cada partido esconde y protege para que se vea lo menos posible en tiempo electoral. No es deseable que una campaña esté asentada en eso tan detestable de “tu mas”. Utilizar, como disculpa de la corrupción propia, los excesos de los oponentes políticos.En fin, que también es corrupción mentir a los ciudadanos y llevar a la opinión pública por donde no corresponde. La propaganda política debe estar llena de argumentos y propuestas de gobierno y es responsabilidad de los candidatos y de los partidos contendientes hacerlo así.
La duda catalana ante la corrupción
Alberto Pradilla
"Los casos de corrupción no se pueden resolver con una negociación entre partidos ni ocultar. No se pueden liquidar en el Parlamento, sino que es necesaria una investigación seria", demanda Eva Fernández, de la FAVB. Su receta, "más participación ciudadana" y activar de forma eficaz los mecanismos de control ya existentes, como la Sindicatura de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la fractura entre políticos y sociedad catalana sea todavía mayor. "No podemos caer en el que se vayan todos. Debemos realizar una defensa de lo público, y ésto se concreta en más medidas de control y una participación real de la sociedad en la política", asegura Eva Fernández. Aunque otras voces, como la de Oleguer Bohigas, portavoz de la asamblea de parados de Cataluña, ya han apelado a esa consigna tan repetida por los argentinos cuando el corralito financiero hundió la economía del país.
Queda algo más de un año para las elecciones municipales y no parece que los intentos del presidente, José Montilla (PSC), de promover contrarreloj algunas normas contra la corrupción hayan logrado que los catalanes recuperen la confianza. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ésta es una de las comunidades con mayores índices de abstención, especialmente, cuando toca depositar el voto en sus propios municipios.
Periodista
Han pasado poco más de cuatro años desde que Pasquall Maragall, entonces president de Cataluña, apelase al 3% como uno de los males que caracterizaban la política catalana. En la actualidad, dos operaciones policiales han vuelto situar a la corrupción en el centro del debate: son el caso del Palau de la Música, en el que Félix Millet y sus colaboradores desviaron, según la fiscalía, más de 20 millones de euros, y la Operación Pretoria, donde fueron arrestados algunos pesos pesados de la administración catalana, como Bartomeu Muñoz, ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet, del PSC, y dos antiguos altos cargos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Queda menos de un año para las elecciones al Govern y cada día aumenta el abismo entre la sociedad y una clase política que se ha ganado la fama de tener la mano ligera y un bolsillo receptivo hacia los fondos públicos. Porque los últimos casos de corrupción lo han salpicado todo: desde la financiación de los partidos, con las ayudas económicas recibidas desde el Palau de la Música por una, la fundación Trias Fargas, vinculada a Convergencia de Demócratas de Cataluña, y el Partido Independentista, de Ángel Colome, hasta la especulación urbanística de la que se beneficiaron cargos de CIU y PSC, principalmente. Tampoco el PP se ha librado, ya que Millet era miembro de FAES.
Alejamiento social
La desafección entre sociedad y representantes se ha visto multiplicada por los efectos de la crisis: en Cataluña, el paro llega al 15%, una cifra que todavía está por debajo de la media estatal (17%). No obstante, todavía está por determinar cuáles serán las consecuencias prácticas del alejamiento social de sus cargos políticos. Por el momento, las organizaciones sociales ya han comenzado a movilizarse para demandar transparencia y una mayor vigilancia ciudadana sobre los fondos públicos. Aunque todavía queda por determinar si los escándalos serán un argumento para que muchos catalanes se queden en casa en el momento de votar.
El primer interrogante es si el reguero de políticos imputados puede seguir aumentando. Si se trata de manzanas podridas o la corrupción ha contaminado todo el sistema. "Estos casos no se pueden ver como algo aislado, sino que es un fenómeno sistémico", denuncia Ada Colau, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las 50 entidades cívicas que se concentraron el sábado 21 de noviembre en la plaza de Sant Jaume de Barcelona "contra la corrupción y la impunidad". "La corrupción es un modelo generalizado", asegura Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), una entidad que ha tomado la iniciativa en la denuncia de la corrupción y que se presentará como acusación popular en los juicios contra Millet y los detenidos en el Caso Pretoria. El objetivo es que los acusados no se escabullan por alguna de las rendijas del sistema judicial, según explica Eva Fernández, presidenta de la FAVB.
El primer interrogante es si el reguero de políticos imputados puede seguir aumentando. Si se trata de manzanas podridas o la corrupción ha contaminado todo el sistema. "Estos casos no se pueden ver como algo aislado, sino que es un fenómeno sistémico", denuncia Ada Colau, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una de las 50 entidades cívicas que se concentraron el sábado 21 de noviembre en la plaza de Sant Jaume de Barcelona "contra la corrupción y la impunidad". "La corrupción es un modelo generalizado", asegura Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), una entidad que ha tomado la iniciativa en la denuncia de la corrupción y que se presentará como acusación popular en los juicios contra Millet y los detenidos en el Caso Pretoria. El objetivo es que los acusados no se escabullan por alguna de las rendijas del sistema judicial, según explica Eva Fernández, presidenta de la FAVB.
Movilización ciudadana
Las sospechas hacia la judicatura, en este caso por un trato más benévolo hacia los acusados de corrupción, han motivado la acción de las asociaciones de vecinos barcelonesas. "La Justicia Penal no está pensada para investigar delitos económicos", explica el jurista August Gil Matamala, ex presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos. Una opinión defendida también por el ex fiscal Anticorrupción catalán, Carlos Jiménez Villarejo, que alerta sobre la "falta de control" sobre los ayuntamientos.
El "oasis catalán" ha silenciado la acción de personajes de relevancia social y económica
"La Justicia Penal no puede hacer nada porque no tiene los instrumentos", lamenta Matamala, quien contrapone los beneficios a los que se acogen éstos imputados con el "derecho penal del enemigo" que se aplica a quienes se sitúan al margen del sistema. Porque, a pesar de todo, personajes como Millet han gozado de un gran reconocimiento social y forman parte de lo que el escritor Josep Carles Clemente denominó "el oasis catalán". Una especie de reservado para los más influyentes en el que existe un silencio de complicidad al que llegó a acogerse el ex presidente Jordi Pujol, cuando le preguntaron su opinión sobre los escándalos en la financiación de los partidos en TV3. "Si entramos aquí, saldremos mal parados", aseguró Pujol, quien añadió que "todos los casos son diferentes, pero todos desprenderían un poco de olor".
"La Justicia Penal no puede hacer nada porque no tiene los instrumentos", lamenta Matamala, quien contrapone los beneficios a los que se acogen éstos imputados con el "derecho penal del enemigo" que se aplica a quienes se sitúan al margen del sistema. Porque, a pesar de todo, personajes como Millet han gozado de un gran reconocimiento social y forman parte de lo que el escritor Josep Carles Clemente denominó "el oasis catalán". Una especie de reservado para los más influyentes en el que existe un silencio de complicidad al que llegó a acogerse el ex presidente Jordi Pujol, cuando le preguntaron su opinión sobre los escándalos en la financiación de los partidos en TV3. "Si entramos aquí, saldremos mal parados", aseguró Pujol, quien añadió que "todos los casos son diferentes, pero todos desprenderían un poco de olor".
Urbanismo o negocio
Un caso paradigmático es el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. El 27 de octubre fueron arrestados su alcalde, Bartolomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, ambos del PSC, dentro de la Operación Pretoria. Casi un mes después de los arrestos, con el ex primer edil recientemente trasladado a la prisión de Barcelona y un desfalco que podría llegar a los 40 millones de euros, el Consistorio trataba de refundarse. Pero lo hacía sustituyendo a Muñoz por su teniente de alcalde, Núria Parlón, una mujer joven y con larga trayectoria como técnica en el Ayuntamiento. Ésto no ha contentado a los vecinos, que tienen la sensación de ser espectadores en un arreglo entre políticos y que exigen "la disolución del Consistorio y la creación de una gestora", según asegura Aitor Blanc, portavoz de la Plataforma vecinal por la Defensa de la Serra de Marina y Can Zam. Por lo menos, han logrado que la nueva alcaldesa paralice los tres proyectos urbanísticos impulsados por su predecesor y que habían suscitado un mayor rechazo vecinal. Aunque creen que no es suficiente. Las sospechas sobre negocios oscuros habían sido hechas públicas en muchas ocasiones.
"Los casos de corrupción no se pueden resolver con una negociación entre partidos ni ocultar. No se pueden liquidar en el Parlamento, sino que es necesaria una investigación seria", demanda Eva Fernández, de la FAVB. Su receta, "más participación ciudadana" y activar de forma eficaz los mecanismos de control ya existentes, como la Sindicatura de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la fractura entre políticos y sociedad catalana sea todavía mayor. "No podemos caer en el que se vayan todos. Debemos realizar una defensa de lo público, y ésto se concreta en más medidas de control y una participación real de la sociedad en la política", asegura Eva Fernández. Aunque otras voces, como la de Oleguer Bohigas, portavoz de la asamblea de parados de Cataluña, ya han apelado a esa consigna tan repetida por los argentinos cuando el corralito financiero hundió la economía del país.
Queda algo más de un año para las elecciones municipales y no parece que los intentos del presidente, José Montilla (PSC), de promover contrarreloj algunas normas contra la corrupción hayan logrado que los catalanes recuperen la confianza. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ésta es una de las comunidades con mayores índices de abstención, especialmente, cuando toca depositar el voto en sus propios municipios.
Reunión de trabajo en El Prat
Anoche se llevó a cabo una reunión en El Prat de los asociados en esta localidad. La asistencia, como ya es habitual fue más numerosa que en ocasiones anteriores, y El Prat se está convirtiendo en una de las secciones más dinámicas.
La reunión tenía como objetivo realizar una tormenta de ideas sobre actuaciones que la asociación puede llevar a cabo. Se tomaron nota de más de 115 propuestas de actividades, algunas de ellas descabelladas, pero otras muy fructíferas.
Era la primera ocasión que se realizaba algo así, y aunque los organizadores tenían sus dudas de que el experimento fuese positivo, finalmente fue un éxito, tanto de participación como de ideas aportadas.
Iremos realizando esta actividad de forma más habitual dados los buenos resultados obtenidos. Una felicitación a la sección de El Prat por el buen trabajo que están haciendo.
La Junta Directiva
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
Victor Lapuente Giné
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?
En muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganador
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?
En muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganador
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Reunión en Sabadell
La Liga ha llevado a cabo una reunión en Sabadell centrada en el problema de los vecinos afectados por el plan de urbanismo de esta ciudad, y que supone un importante foco de corrupción en el municipio barcelonés.
En la reunión se ha puesto de manifiesto el crecimiento en esa localidad, y han sido muchos los que han acudido a la misma. Al comienzo de la reunión hubo un pequeño altercado al haber observado algunos vecinos que a la reunión habían acudido dos encargados de las constructoras que tienen contratas con el ayuntamientos. Antes de iniciar la reunión se les pidió que se marcharan y tras unas palabras estos abandonaron la reunión.
En la reunión se decidió que los abogados de la asociación vean las posibles alegaciones que se pueden hacer, y se estudie la posibilidad de pasar el caso a la fiscalía por las numerosas irregularidades que se han detectado.
También se va a encargar a los periodistas de la asociación que vean con los abogados una nota de prensa para que los medios de comunicación pongan la atención en este caso.
Se convocará una nueva reunión dentro de un mes donde se verá lo hecho y los resultados.
Profilaxis de la corrupción política: ética y votos
Carlos Martínez Gorriarán
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Lamentar la corrupción pero limitarse a combatirla apelando a la moralidad de las personas es similar a luchar contra la sequía sacando los santos de procesión. Esta costumbre presenta un riesgo adicional: así como en algunos pueblos tiraban al río el santo e incluso el Cristo si pese a las rogativas no llegaba la lluvia implorada, la persistencia y multiplicación de los casos de corrupción también puede llevar a tirar la ética a la basura. Pues en efecto, si los llamamientos a la moralización de la vida pública no dan resultado, ¿para qué sirve esa ética invocada a modo de jaculatoria milagrera? Para nada, debe de pensar la multitud convencida de que todos los políticos son unos corruptos, que la cosa no tiene remedio y que, por eso mismo, cuando vote apoyará al partido que menos le repela aunque sea tan corrupto como el otro: PSOE y PP, tanto monta monta tanto, como CIU y PNV y resto de la vieja sopa de letras.
La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios, profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes públicos; llevada al extremo, destruye la democracia. No se trata pues de banalizar su importancia, pero sí de reconocer que los comportamientos corruptos están a la orden del día en todos los ámbitos de la existencia humana, y no es exclusiva de los políticos. Como no es posible erradicarlos, hay que prevenirlos y castigarlos si se producen (qué horror: castigar, que políticamente incorrecto).
Prevenir y perseguir la corrupción política si se produce: ahí está la clave. Y se trata de prevención en varios órdenes, para hacer la corrupción no imposible, sino más difícil y penalizada. En España, en concreto, hay que revisar a fondo las competencias urbanísticas de los ayuntamientos para dificultar la forma más usual, la ligada a recalificaciones de suelo y construcción. Además, hay que modificar el Código Penal para que sea posible, por ejemplo, que el juez suspenda automáticamente al político sospechoso de corrupción para que su permanencia en el cargo no agrave el caso ni legitime el delito. Por cierto, esta es una de las enmiendas al Código Penal que Rosa Díez ha presentado en la comisión del Congreso donde se estudia su reforma, y una enmienda que el PSOE ha rechazado… Pero además es indispensable profundizar en la mejora de la transparencia de la gestión. Por eso hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, que estimula claramente la corrupción como financiación ilegal (a menudo mezclada con el enriquecimiento personal); hay que despolitizar las cajas de ahorros, para impedir la sistemática condonación de créditos, el blanqueo de financiación ilícita y otros trucos habituales; hay que eliminar las empresas públicas y entidades superfluas o ineficaces, pues en muchos casos no sólo son un derroche, sino que están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y clientes como “expertos” y “asesores”, u ocultar endeudamiento público a base de trasladarles deuda del ayuntamiento, diputación o comunidad. Hay, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar para dificultar la corrupción y castigarla ejemplarmente. Entonces, ¿por qué no se adoptan?
La razón de esta pasividad es muy clara, y además es doble: los principales focos de corrupción de la vida pública, los partidos tradicionales, no están dispuestos a asumir ningún riesgo que amenace su control de las instituciones, pero además tampoco harán nada mientras millones de ciudadanos les voten a pesar de su clara complicidad en el mantenimiento de un sistema que no sólo tolera la corrupción, sino que la fomenta. En resumidas cuentas: PSOE, PP y sus socios nacionalistas no actuarán contra la corrupción, ni dentro de sus partidos ni en las instituciones, por las mismas razones por las que evitan mejorar la ley electoral, combatir el déficit público, despolitizar las cajas de ahorro, reformar el mercado de trabajo o asegurar una enseñanza pública de calidad. Y mientras reciban elección tras elección 24 millones de votos, no verán la necesidad de cambiar de actitud.
Conclusión: está muy bien invocar la ética e indignarse con los corruptos, pero no sirve de nada mientras combatamos la corrupción dónde y cómo hay que hacerlo: en las instituciones y en las elecciones. Con reformas legales y con votos.
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Lamentar la corrupción pero limitarse a combatirla apelando a la moralidad de las personas es similar a luchar contra la sequía sacando los santos de procesión. Esta costumbre presenta un riesgo adicional: así como en algunos pueblos tiraban al río el santo e incluso el Cristo si pese a las rogativas no llegaba la lluvia implorada, la persistencia y multiplicación de los casos de corrupción también puede llevar a tirar la ética a la basura. Pues en efecto, si los llamamientos a la moralización de la vida pública no dan resultado, ¿para qué sirve esa ética invocada a modo de jaculatoria milagrera? Para nada, debe de pensar la multitud convencida de que todos los políticos son unos corruptos, que la cosa no tiene remedio y que, por eso mismo, cuando vote apoyará al partido que menos le repela aunque sea tan corrupto como el otro: PSOE y PP, tanto monta monta tanto, como CIU y PNV y resto de la vieja sopa de letras.
La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios, profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes públicos; llevada al extremo, destruye la democracia. No se trata pues de banalizar su importancia, pero sí de reconocer que los comportamientos corruptos están a la orden del día en todos los ámbitos de la existencia humana, y no es exclusiva de los políticos. Como no es posible erradicarlos, hay que prevenirlos y castigarlos si se producen (qué horror: castigar, que políticamente incorrecto).
Prevenir y perseguir la corrupción política si se produce: ahí está la clave. Y se trata de prevención en varios órdenes, para hacer la corrupción no imposible, sino más difícil y penalizada. En España, en concreto, hay que revisar a fondo las competencias urbanísticas de los ayuntamientos para dificultar la forma más usual, la ligada a recalificaciones de suelo y construcción. Además, hay que modificar el Código Penal para que sea posible, por ejemplo, que el juez suspenda automáticamente al político sospechoso de corrupción para que su permanencia en el cargo no agrave el caso ni legitime el delito. Por cierto, esta es una de las enmiendas al Código Penal que Rosa Díez ha presentado en la comisión del Congreso donde se estudia su reforma, y una enmienda que el PSOE ha rechazado… Pero además es indispensable profundizar en la mejora de la transparencia de la gestión. Por eso hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, que estimula claramente la corrupción como financiación ilegal (a menudo mezclada con el enriquecimiento personal); hay que despolitizar las cajas de ahorros, para impedir la sistemática condonación de créditos, el blanqueo de financiación ilícita y otros trucos habituales; hay que eliminar las empresas públicas y entidades superfluas o ineficaces, pues en muchos casos no sólo son un derroche, sino que están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y clientes como “expertos” y “asesores”, u ocultar endeudamiento público a base de trasladarles deuda del ayuntamiento, diputación o comunidad. Hay, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar para dificultar la corrupción y castigarla ejemplarmente. Entonces, ¿por qué no se adoptan?
La razón de esta pasividad es muy clara, y además es doble: los principales focos de corrupción de la vida pública, los partidos tradicionales, no están dispuestos a asumir ningún riesgo que amenace su control de las instituciones, pero además tampoco harán nada mientras millones de ciudadanos les voten a pesar de su clara complicidad en el mantenimiento de un sistema que no sólo tolera la corrupción, sino que la fomenta. En resumidas cuentas: PSOE, PP y sus socios nacionalistas no actuarán contra la corrupción, ni dentro de sus partidos ni en las instituciones, por las mismas razones por las que evitan mejorar la ley electoral, combatir el déficit público, despolitizar las cajas de ahorro, reformar el mercado de trabajo o asegurar una enseñanza pública de calidad. Y mientras reciban elección tras elección 24 millones de votos, no verán la necesidad de cambiar de actitud.
Conclusión: está muy bien invocar la ética e indignarse con los corruptos, pero no sirve de nada mientras combatamos la corrupción dónde y cómo hay que hacerlo: en las instituciones y en las elecciones. Con reformas legales y con votos.
El Caso Bono
Francisco Velasco
Abogado e Historiador
Lo que va de la duda a la sospecha. La duda no hace sino suspender el ánimo, de forma transitoria, antes de determinar la solución más correcta. Sin embargo, la sospecha es una conjetura, una hipótesis, que se funda en una apariencia de verdad. Duda y sospecha se oponen a la certeza, es decir, al conocimiento claro y seguro de algo sin temor a la equivocación.
El caso Bono es, por sí mismo, por la idiosincrasia del político, un caso apologético de la duda, de la sospecha y de la certeza al mismo tiempo. Presidente de la Comunidad castellano-manchega durante muchos años, Ministro de Defensa, un tiempo, y actual Presidente del Congreso de los Diputados, el señor Bono es todo un paradigma de político profesional capaz de sobrevivir a los embates de la primera línea, sin alcanzar el cénit de su carrera. Hasta ahora.
Tantos años en la vida política son causa formal de formación de un patrimonio sólido, a poco que se haya llevado una vida ordenada, una administración eficiente y una política inversora eficaz. Esto es una certeza. En el caso de Chaves, el andaluz, la certeza se devalúa a la categoría de sospecha a juzgar por sus declaraciones patrimoniales. Pero, en fin, eso es otro cantar.
Servidor manifiesta, pues, una certeza sobre el patrimonio de don José Bono. Desde luego, no es el de un simple trabajador de la construcción ni siquiera el del propio presidente del Gobierno, por más que éste acumule dos décadas de parlamentario. Sí tengo dudas, sin embargo, si con los únicos ingresos del albaceteño se puede acumular la riqueza inmobiliaria que algunos medios le atribuyen. Tantos pisos de alto standing no parecen conjugar con las remuneraciones del ex ministro. No parecen. Dudas.
No sospecho -que pudiera- sobre la legalidad de adquisición de esos inmuebles. En absoluto. Lo que sí pienso es que pudiera incurrir en ciertas prácticas negociales, en la materialización de ciertos favores, que se alejan de la apariencia de ética que se exige de cualquier padre de la patria y que resultan claramente antiestéticos en parlamentarios que hacen de su vida pública un ejemplo a seguir. Máxime si, como en el caso de los psoecialistas, hallan en la ayuda a la ciudadanía más desfavorecida su horizonte de servicio público.
Bono, católico de autoproclamación, ya dejó estupefacto a más de uno votando a favor de la ley del aborto. En su lucha interna entre dos disciplinas, Bono se alojó en la obediencia jerárquica a su partido y despreció el acatamiento a la doctrina de la Iglesia. Eligió entre salir en la foto o aparecer borroso en la misma o incluso desaparecer por completo. No podía ser de otra manera. Ande yo caliente... Al fin y al cabo, el PSOE es otra iglesia. La decisión tomada fue dura. En todo caso, menos dura que la otra alternativa, que podría haberle costado una rotura de la crisma. No de los huesos propios de la nariz, no. La crisma. Toda ella.
Determinadas mis certeza, dudas y sospechas acerca de la patrimonialidad inmobiliaria de don José, me queda una última reflexión. ¿Es el señor Bono un experto en propaganda al estilo Goebbels o, por el contrario, un modelo de político camaleónico o, tal vez, un espécimen político de la más rancia derecha que nos está vendiendo la imagen de izquierda populista? Dicho de otro modo, ¿nos encontramos ante un Lerroux del siglo XXI, un Antonio Pérez del reinado de Felipe I González, o un simplista Juan Domingo Perón? En torno a esta preguntas, carezco de certeza, albergo dudas y revelo mi sospecha. Para mí, que tiene de todo un poco. Presuntamente. Tan presunto como su patrimonio inmobiliario. Legal.
No hay caso Bono. Lo que sí es que Bono es un caso. Caso clínico. Digno de estudio.
Un saludo.
El caso Bono es, por sí mismo, por la idiosincrasia del político, un caso apologético de la duda, de la sospecha y de la certeza al mismo tiempo. Presidente de la Comunidad castellano-manchega durante muchos años, Ministro de Defensa, un tiempo, y actual Presidente del Congreso de los Diputados, el señor Bono es todo un paradigma de político profesional capaz de sobrevivir a los embates de la primera línea, sin alcanzar el cénit de su carrera. Hasta ahora.
Tantos años en la vida política son causa formal de formación de un patrimonio sólido, a poco que se haya llevado una vida ordenada, una administración eficiente y una política inversora eficaz. Esto es una certeza. En el caso de Chaves, el andaluz, la certeza se devalúa a la categoría de sospecha a juzgar por sus declaraciones patrimoniales. Pero, en fin, eso es otro cantar.
Servidor manifiesta, pues, una certeza sobre el patrimonio de don José Bono. Desde luego, no es el de un simple trabajador de la construcción ni siquiera el del propio presidente del Gobierno, por más que éste acumule dos décadas de parlamentario. Sí tengo dudas, sin embargo, si con los únicos ingresos del albaceteño se puede acumular la riqueza inmobiliaria que algunos medios le atribuyen. Tantos pisos de alto standing no parecen conjugar con las remuneraciones del ex ministro. No parecen. Dudas.
No sospecho -que pudiera- sobre la legalidad de adquisición de esos inmuebles. En absoluto. Lo que sí pienso es que pudiera incurrir en ciertas prácticas negociales, en la materialización de ciertos favores, que se alejan de la apariencia de ética que se exige de cualquier padre de la patria y que resultan claramente antiestéticos en parlamentarios que hacen de su vida pública un ejemplo a seguir. Máxime si, como en el caso de los psoecialistas, hallan en la ayuda a la ciudadanía más desfavorecida su horizonte de servicio público.
Bono, católico de autoproclamación, ya dejó estupefacto a más de uno votando a favor de la ley del aborto. En su lucha interna entre dos disciplinas, Bono se alojó en la obediencia jerárquica a su partido y despreció el acatamiento a la doctrina de la Iglesia. Eligió entre salir en la foto o aparecer borroso en la misma o incluso desaparecer por completo. No podía ser de otra manera. Ande yo caliente... Al fin y al cabo, el PSOE es otra iglesia. La decisión tomada fue dura. En todo caso, menos dura que la otra alternativa, que podría haberle costado una rotura de la crisma. No de los huesos propios de la nariz, no. La crisma. Toda ella.
Determinadas mis certeza, dudas y sospechas acerca de la patrimonialidad inmobiliaria de don José, me queda una última reflexión. ¿Es el señor Bono un experto en propaganda al estilo Goebbels o, por el contrario, un modelo de político camaleónico o, tal vez, un espécimen político de la más rancia derecha que nos está vendiendo la imagen de izquierda populista? Dicho de otro modo, ¿nos encontramos ante un Lerroux del siglo XXI, un Antonio Pérez del reinado de Felipe I González, o un simplista Juan Domingo Perón? En torno a esta preguntas, carezco de certeza, albergo dudas y revelo mi sospecha. Para mí, que tiene de todo un poco. Presuntamente. Tan presunto como su patrimonio inmobiliario. Legal.
No hay caso Bono. Lo que sí es que Bono es un caso. Caso clínico. Digno de estudio.
Un saludo.
El oasis se desmorona
Albert Rivera
Presidente de Ciutadans
'En Cataluña no hay marcha atrás. No podemos continuar tapando las heridas, hay que limpiarlas, por doloroso que sea y por mucho hedor que desprendan, para sanar nuestras instituciones democráticas'.
Esta semana han ocurrido algunos hechos en la política catalana que sin duda marcarán el futuro de la vida pública de nuestra Comunidad Autónoma en los próximos años. Por un lado, el tripartito, haciendo todo lo contrario de lo que había hecho hace nueve meses cuando Ciutadans sometió a votación la creación de una comisión de investigación del caso Palau, ha puesto en marcha la creación de una comisión de investigación sobre este caso. Y por otro lado, a través del levantamiento de sumario del caso Pretoria, hemos conocido las “amistades peligrosas” de Artur Mas, de los consellers Nadal y Castells o del presidente de la diputación Antoni Fogué, con los imputados del caso, entre otros el ex diputado del PSC Luis García, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, el director del Incasol durante el gobierno Montilla, Emili Mas, y los ex consellers de CIU Alavedra y Prenafeta.
Ambos hechos, que por sí solos ya representarían un shock para la ciudadanía al conocer que dirigentes de los dos principales partidos que han gobernado Catalunya están presuntamente implicados en tramas de corrupción, al coincidir en el tiempo- prácticamente en 24 horas- han supuesto un verdadero tsunami en el putrefacto oasis catalán.
Pero hay una doble pregunta clave para saber por qué se ha abierto una grieta tan amplia en este oasis: ¿Qué se ha roto para que el vergonzoso pacto de silencio del 3% entre CIU y Tripartit ya no funcione?, ¿por qué habrá una comisión de investigación del Palau, a cinco meses de las elecciones, cuando el Tripartit y CIU pactaron no abrirla en octubre, cuando desde Ciutadans la propusimos?.
Lo que ha sucedido, igual que en la teoría del dilema del prisionero, es que ICV, por interés particular- sus sillas de gobierno- ha traicionado al interés común, en este caso ese gran negocio llamado catalanismo político. Los ex comunistas paradójicamente se han regido por el incentivo del mercado, en este caso sus sillas, y han traicionado a los demás nacionalistas, a la comunidad. Los de Saura saben perfectamente que si no hay tercer tripartito no se sentarán, probablemente nunca más, en los asientos del gobierno catalán, y han decidido a la vista de las encuestas en las que la formula tripartita se esfuma, poner el ventilador en marcha arriesgando el pacto de silencio del oasis catalán. ERC, que se encuentra ante el mismo dilema electoral, se ha sumado obligando al PSC a tomar una decisión: o se sube al carro de la comisión y del ventilador o con el sumario del caso Pretoria salpicándole y abierto en canal quedará como cómplice del silencio y permitirá que CIU se escape viva del caso Palau.
Para nosotros es una gran noticia que se abra la comisión, al fin y al cabo fuimos los únicos que, desde el primer día, la creíamos necesaria. Pero es lamentable que el tripartito no haya solicitado esta comisión para que los ciudadanos sepan cómo, cuándo y por qué desaparecieron más de treinta millones del Palau, sino exclusivamente para aflorar si CIU ha incurrido en financiación irregular y abrir así una guerra partidista. Es evidente que para que sirva de algo a la ciudadanía el objeto de la comisión debe ser esclarecer las responsabilidades políticas del escándalo del Palau. El gobierno Montilla no debe olvidar que esta comisión no se cerrará en falso como la del 3%, porque esta vez hay un nuevo partido presente en el hemiciclo que no va a permitir volver al pacto de silencio. Nosotros vamos a tirar de la manta fuerte, para que los ciudadanos sepan cómo desapareció su dinero, quién lo permitió y quiénes se beneficiaron.
Pero, en esta ocasión, a diferencia de otros escándalos de corrupción, después del empacho del Estatut y con una crisis económica dramática, las clásicas frases del ex presidente Pujol “això no toca” o el “compte que prendrem mal” que pronunció hace ocho meses en TV3 refiriéndose a la posibilidad de que se abriera una comisión de investigación del caso Palau no funcionarán. En el año 2010, después de 30 años de nacionalismo, los ciudadanos ya no aguantamos sermones patrioteros de los que han sido pillados con el carrito de los helados. Esta vez la senyera no les llegará para taparse las vergüenzas.
En Cataluña necesitamos hacer limpieza, ventilar la casa y empezar una nueva etapa política recuperando el sentido común, la humildad, la austeridad y la ilusión por las cosas bien hechas. Las prioridades de los ciudadanos deben ser forzosamente de los que les representamos desde el gobierno o desde un escaño, y como buenos mandatarios debemos regirnos por ese mandato y rendir cuentas periódicamente a nuestros jefes, que no son otros que los ciudadanos.
Esta semana han ocurrido algunos hechos en la política catalana que sin duda marcarán el futuro de la vida pública de nuestra Comunidad Autónoma en los próximos años. Por un lado, el tripartito, haciendo todo lo contrario de lo que había hecho hace nueve meses cuando Ciutadans sometió a votación la creación de una comisión de investigación del caso Palau, ha puesto en marcha la creación de una comisión de investigación sobre este caso. Y por otro lado, a través del levantamiento de sumario del caso Pretoria, hemos conocido las “amistades peligrosas” de Artur Mas, de los consellers Nadal y Castells o del presidente de la diputación Antoni Fogué, con los imputados del caso, entre otros el ex diputado del PSC Luis García, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, el director del Incasol durante el gobierno Montilla, Emili Mas, y los ex consellers de CIU Alavedra y Prenafeta.
Ambos hechos, que por sí solos ya representarían un shock para la ciudadanía al conocer que dirigentes de los dos principales partidos que han gobernado Catalunya están presuntamente implicados en tramas de corrupción, al coincidir en el tiempo- prácticamente en 24 horas- han supuesto un verdadero tsunami en el putrefacto oasis catalán.
Pero hay una doble pregunta clave para saber por qué se ha abierto una grieta tan amplia en este oasis: ¿Qué se ha roto para que el vergonzoso pacto de silencio del 3% entre CIU y Tripartit ya no funcione?, ¿por qué habrá una comisión de investigación del Palau, a cinco meses de las elecciones, cuando el Tripartit y CIU pactaron no abrirla en octubre, cuando desde Ciutadans la propusimos?.
Lo que ha sucedido, igual que en la teoría del dilema del prisionero, es que ICV, por interés particular- sus sillas de gobierno- ha traicionado al interés común, en este caso ese gran negocio llamado catalanismo político. Los ex comunistas paradójicamente se han regido por el incentivo del mercado, en este caso sus sillas, y han traicionado a los demás nacionalistas, a la comunidad. Los de Saura saben perfectamente que si no hay tercer tripartito no se sentarán, probablemente nunca más, en los asientos del gobierno catalán, y han decidido a la vista de las encuestas en las que la formula tripartita se esfuma, poner el ventilador en marcha arriesgando el pacto de silencio del oasis catalán. ERC, que se encuentra ante el mismo dilema electoral, se ha sumado obligando al PSC a tomar una decisión: o se sube al carro de la comisión y del ventilador o con el sumario del caso Pretoria salpicándole y abierto en canal quedará como cómplice del silencio y permitirá que CIU se escape viva del caso Palau.
Para nosotros es una gran noticia que se abra la comisión, al fin y al cabo fuimos los únicos que, desde el primer día, la creíamos necesaria. Pero es lamentable que el tripartito no haya solicitado esta comisión para que los ciudadanos sepan cómo, cuándo y por qué desaparecieron más de treinta millones del Palau, sino exclusivamente para aflorar si CIU ha incurrido en financiación irregular y abrir así una guerra partidista. Es evidente que para que sirva de algo a la ciudadanía el objeto de la comisión debe ser esclarecer las responsabilidades políticas del escándalo del Palau. El gobierno Montilla no debe olvidar que esta comisión no se cerrará en falso como la del 3%, porque esta vez hay un nuevo partido presente en el hemiciclo que no va a permitir volver al pacto de silencio. Nosotros vamos a tirar de la manta fuerte, para que los ciudadanos sepan cómo desapareció su dinero, quién lo permitió y quiénes se beneficiaron.
Pero, en esta ocasión, a diferencia de otros escándalos de corrupción, después del empacho del Estatut y con una crisis económica dramática, las clásicas frases del ex presidente Pujol “això no toca” o el “compte que prendrem mal” que pronunció hace ocho meses en TV3 refiriéndose a la posibilidad de que se abriera una comisión de investigación del caso Palau no funcionarán. En el año 2010, después de 30 años de nacionalismo, los ciudadanos ya no aguantamos sermones patrioteros de los que han sido pillados con el carrito de los helados. Esta vez la senyera no les llegará para taparse las vergüenzas.
En Cataluña necesitamos hacer limpieza, ventilar la casa y empezar una nueva etapa política recuperando el sentido común, la humildad, la austeridad y la ilusión por las cosas bien hechas. Las prioridades de los ciudadanos deben ser forzosamente de los que les representamos desde el gobierno o desde un escaño, y como buenos mandatarios debemos regirnos por ese mandato y rendir cuentas periódicamente a nuestros jefes, que no son otros que los ciudadanos.
Climent, 'cazador' de subvenciones: 17 millones para difundir el catalán en Valencia
El caso Pretoria ha puesto el foco sobre Eliseu Climent, valenciano de origen y cazador de subvenciones para difundir la cultura catalana en la Comunidad Valenciana. Hasta 17,2 millones de euros ha conseguido de fondos públicos para este cometido entre 1999 y 2009.Sigue en pág. 12
El levantamiento del secreto de sumario del caso Pretoria, la red corrupta que ha salpicado a prohombres como Macià Alavedra, ex conseller de Economía, o Lluís Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat con Pujol, ha lanzado al estrellato a Luis García, Luigi, por su gran habilidad para captar favores de políticos.
Pero los papeles deparan datos relevantes sobre los métodos de algunos otros personajes. Uno de ellos es Eliseu Climent, editor travestido en cazador de subvenciones públicas, valenciano de nacimiento pero muy conocido en la vida cultural catalana por su excelentes conexiones con políticos del PSC, ERC y CiU.
Climent, cuya vocación política viene de los tiempos en que fundó el Partit Socialista Valencià, explota desde hace 25 años una red de fundaciones, asociaciones y entidades culturales de diverso pelaje jurídico. Todas comparten objetivo -la promoción de la lengua y cultura catalanas dentro y fuera de Cataluña-, pero también modus operandi: presentarse en cualquier institución, desde el Govern catalán a un ayuntamiento, donde exista un euro que rascar y un político amigo que te pueda ayudar.
Los registros policiales en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet han puesto a la Policía en alerta sobre el entramado de Climent, cuyo entorno defiende la «legalidad» y «transparencia» de todo el dinero recibido. El informe policial califica de «cuantiosas» las ayudas obtenidas por las fundaciones de Climent y solicita que la Agencia Tributaria aporte los modelos de declaración de ingresos de ventas y pagos de la que tradicionalmente se ha considerado la organización matriz, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), y de otras cinco organizaciones: Institució Cívica y de Pensament Joan Fuster, Societat Valenciana de Ciències de la Salut Josep B. Basset, Fundació Francesc Eiximenis, Institut Ignasi Villalonga y Fundació Ausiàs March.
EL MUNDO dispone de documentación que acredita que éstas y otras de las entidades ligadas a Climent y a ACPV han recibido, al menos, 17,2 millones de euros en subvenciones de la Generalitat de Cataluña entre 1999 y 2009. En ese periodo, Climent y su holding de agitación catalanista han obtenido el beneplácito de hasta tres presidentes: Jordi Pujol -con quien aparece en la fotografía, el 27 de mayo, en Alcoy-, Pasqual Maragall y José Montilla.
La relación de Climent con Pujol fue siempre estrecha. El editor se arriesgó haciendo pintadas en su defensa cuando fue encarcelado en 1960 por los sucesos del Palau de la Música. Desde entonces, la tarjeta de Pujol se convirtió en un salvoconducto que todavía usa hoy. Climent llegó a ser delegado comercial de la Enciclopedia Catalana, que promovía Pujol desde Banca Catalana.
La escandalosa cifra obtenida por las organizaciones de Climent sólo incluye las ayudas publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durante estos años. Al margen quedan las obtenidas de otras instituciones catalanas, diputaciones y ayuntamientos principalmente, a los que Climent ha recurrido durante casi 30 años para sostener todo su aparataje editorial y cultural.
Entre la documentación incautada en Pretoria figuran cartas y correos electrónicos que prueban la facilidad con la que Climent accede directamente a dirigentes con capacidad de influencia -léase José Zaragoza, secretario de Organización del PSC o Carles Prieto, coordinador de Política Municipal- para que le allanen el camino hacia alcaldes como Núria Parlon, de Santa Coloma .
El dinero público ha permitido a Climent reforzar a base de suscripciones la revista El Temps, editada por Edicions del País Valencià, una sociedad anónima fundada en 1977 que tiene su sede en el edificio Octubre, el cuartel general de Climent en Valencia. Octubre siempre fue su sueño, un edificio histórico de tres plantas en el centro de la capital, que compró en 2003 por tres millones de euros y que ha convertido en bandera de su resistencia al PP, iniciada con una campaña feroz contra Eduardo Zaplana.
La rehabilitación y adecuación de este emblemático inmueble se financió con una hipoteca concedida por la Caixa de Catalunya, desde 2005 presidida por otro de sus grandes amigos, el ex ministro Narcís Serra.
Con él sintonizaba. Todo lo contrario que con Alfonso Guerra, con quien hizo las Milicias en 1962 en Ronda y con quien dice mantener relación pese a su diferente idea de España. La documentación de que dispone este diario revela que Climent y su esposa, Rosa Raga Gil, también han elegido Caixa Catalunya para la compra de propiedades en Barcelona.
Climent ha disfrutado y explotado la condición de protegido y de impulsor de la cultura catalana y del gran proyecto de los països catalans en los primeros años 80. En 1983 nació TV3 y ACPV, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 13 de abril de 1978, encontró su gran trampolín con una campaña de venta de bonos de 1.000 pesetas a fondo perdido para que se pudieran instalar repetidores en Valencia.
ACPV recogió cerca de 150 millones de pesetas que, oficialmente, se destinaron a la compra de terrenos y tecnología para los emisores. ACPV ha recibido 6,2 millones de euros en subvenciones de la Generalitat catalana en la última década con la justificación, entre otras, del mantenimiento de los repetidores.
El Gobierno valenciano, en manos del PP, ha conseguido sucesivas sentencias para cerrar los repetidores de TV3. Para contrarrestarlo, ACPV ha iniciado una campaña de recogida de firmas que, según la asociación, cerrará Josep Guardiola, entrenador del Barça. Su presidente, Joan Laporta, es el personaje de portada del último número de El Temps.
Su influencia política le permite negociar cara a cara con diputados del Congreso. En 2008 y 2009, por ejemplo, logró colar a través de ERC y el PSC dos enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para obtener 300.000 euros para Acció Cultural y otros 300.000 para la Fundació Ausiàs March. La enmienda provocó debate entre el grupo de parlamentarios del PSC y algunos socialistas valencianos que tratan de ir alejándose de Climent. En medio de la tormenta del caso Pretoria y del caso Millet, la Generalitat catalana ha paralizado una subvención de otros cinco millones. Y Climent está en el punto de mira.
El levantamiento del secreto de sumario del caso Pretoria, la red corrupta que ha salpicado a prohombres como Macià Alavedra, ex conseller de Economía, o Lluís Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat con Pujol, ha lanzado al estrellato a Luis García, Luigi, por su gran habilidad para captar favores de políticos.
Pero los papeles deparan datos relevantes sobre los métodos de algunos otros personajes. Uno de ellos es Eliseu Climent, editor travestido en cazador de subvenciones públicas, valenciano de nacimiento pero muy conocido en la vida cultural catalana por su excelentes conexiones con políticos del PSC, ERC y CiU.
Climent, cuya vocación política viene de los tiempos en que fundó el Partit Socialista Valencià, explota desde hace 25 años una red de fundaciones, asociaciones y entidades culturales de diverso pelaje jurídico. Todas comparten objetivo -la promoción de la lengua y cultura catalanas dentro y fuera de Cataluña-, pero también modus operandi: presentarse en cualquier institución, desde el Govern catalán a un ayuntamiento, donde exista un euro que rascar y un político amigo que te pueda ayudar.
Los registros policiales en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet han puesto a la Policía en alerta sobre el entramado de Climent, cuyo entorno defiende la «legalidad» y «transparencia» de todo el dinero recibido. El informe policial califica de «cuantiosas» las ayudas obtenidas por las fundaciones de Climent y solicita que la Agencia Tributaria aporte los modelos de declaración de ingresos de ventas y pagos de la que tradicionalmente se ha considerado la organización matriz, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), y de otras cinco organizaciones: Institució Cívica y de Pensament Joan Fuster, Societat Valenciana de Ciències de la Salut Josep B. Basset, Fundació Francesc Eiximenis, Institut Ignasi Villalonga y Fundació Ausiàs March.
EL MUNDO dispone de documentación que acredita que éstas y otras de las entidades ligadas a Climent y a ACPV han recibido, al menos, 17,2 millones de euros en subvenciones de la Generalitat de Cataluña entre 1999 y 2009. En ese periodo, Climent y su holding de agitación catalanista han obtenido el beneplácito de hasta tres presidentes: Jordi Pujol -con quien aparece en la fotografía, el 27 de mayo, en Alcoy-, Pasqual Maragall y José Montilla.
La relación de Climent con Pujol fue siempre estrecha. El editor se arriesgó haciendo pintadas en su defensa cuando fue encarcelado en 1960 por los sucesos del Palau de la Música. Desde entonces, la tarjeta de Pujol se convirtió en un salvoconducto que todavía usa hoy. Climent llegó a ser delegado comercial de la Enciclopedia Catalana, que promovía Pujol desde Banca Catalana.
La escandalosa cifra obtenida por las organizaciones de Climent sólo incluye las ayudas publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durante estos años. Al margen quedan las obtenidas de otras instituciones catalanas, diputaciones y ayuntamientos principalmente, a los que Climent ha recurrido durante casi 30 años para sostener todo su aparataje editorial y cultural.
Entre la documentación incautada en Pretoria figuran cartas y correos electrónicos que prueban la facilidad con la que Climent accede directamente a dirigentes con capacidad de influencia -léase José Zaragoza, secretario de Organización del PSC o Carles Prieto, coordinador de Política Municipal- para que le allanen el camino hacia alcaldes como Núria Parlon, de Santa Coloma .
El dinero público ha permitido a Climent reforzar a base de suscripciones la revista El Temps, editada por Edicions del País Valencià, una sociedad anónima fundada en 1977 que tiene su sede en el edificio Octubre, el cuartel general de Climent en Valencia. Octubre siempre fue su sueño, un edificio histórico de tres plantas en el centro de la capital, que compró en 2003 por tres millones de euros y que ha convertido en bandera de su resistencia al PP, iniciada con una campaña feroz contra Eduardo Zaplana.
La rehabilitación y adecuación de este emblemático inmueble se financió con una hipoteca concedida por la Caixa de Catalunya, desde 2005 presidida por otro de sus grandes amigos, el ex ministro Narcís Serra.
Con él sintonizaba. Todo lo contrario que con Alfonso Guerra, con quien hizo las Milicias en 1962 en Ronda y con quien dice mantener relación pese a su diferente idea de España. La documentación de que dispone este diario revela que Climent y su esposa, Rosa Raga Gil, también han elegido Caixa Catalunya para la compra de propiedades en Barcelona.
Climent ha disfrutado y explotado la condición de protegido y de impulsor de la cultura catalana y del gran proyecto de los països catalans en los primeros años 80. En 1983 nació TV3 y ACPV, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 13 de abril de 1978, encontró su gran trampolín con una campaña de venta de bonos de 1.000 pesetas a fondo perdido para que se pudieran instalar repetidores en Valencia.
ACPV recogió cerca de 150 millones de pesetas que, oficialmente, se destinaron a la compra de terrenos y tecnología para los emisores. ACPV ha recibido 6,2 millones de euros en subvenciones de la Generalitat catalana en la última década con la justificación, entre otras, del mantenimiento de los repetidores.
El Gobierno valenciano, en manos del PP, ha conseguido sucesivas sentencias para cerrar los repetidores de TV3. Para contrarrestarlo, ACPV ha iniciado una campaña de recogida de firmas que, según la asociación, cerrará Josep Guardiola, entrenador del Barça. Su presidente, Joan Laporta, es el personaje de portada del último número de El Temps.
Su influencia política le permite negociar cara a cara con diputados del Congreso. En 2008 y 2009, por ejemplo, logró colar a través de ERC y el PSC dos enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para obtener 300.000 euros para Acció Cultural y otros 300.000 para la Fundació Ausiàs March. La enmienda provocó debate entre el grupo de parlamentarios del PSC y algunos socialistas valencianos que tratan de ir alejándose de Climent. En medio de la tormenta del caso Pretoria y del caso Millet, la Generalitat catalana ha paralizado una subvención de otros cinco millones. Y Climent está en el punto de mira.
Llenazo total de los vecinos de Santa Coloma en la reunión de la asociación
Ayer los vecinos de Santa Coloma, en el ojo de la corrupción del impresentable caso Pretorio abarrotaron la sala en la que nos reunimos. Muchos de ellos no eran todavía socios, pero el número de solicitudes se dispararon.
En la reunión se explicó cual era la situación en la que estaban las diligencias judiciales y se explicó y pormenorizó los detalles de todo el caso.
En la reunión se acordó comenzar la semana que viene una campaña informativa en el municipio y se va a presentar una propuesta en el ayuntamiento para la creación de comisiones ciudadanas de seguimiento de cada concejalía, para aumentar el control de los vecinos sobre lo que hace el ayuntamiento con nuestro dinero.
También se informó del crecimiento que la asociación está teniendo por toda Catalunya y de la puesta en marcha del gabinete jurídico que comenzará en breve a hacerse cargo de la participación de la asociación en los casos de corrupción que vayan surgiendo, presentándonos como acusación popular o de denuncia de los casos que nuestra asociación vaya detectando.
Todos los presentes nombraron un grupo de observadores en el Ayuntamiento que van a dedicarse a estudiar y pedir la documentación de todos los procesos de adjudicación de contratos del consistorio.
Más corrupción política
José Antonio Varela
Con este panorama es complicado pedir a los ciudadanos que tengan inquietudes políticas, ya que vemos cómo el dinero de nuestros impuestos se usa de forma impune para enriquecer a malversadores.
No deja de sorprenderme cómo los casos de corrupción política acaparan la atención de los medios. Casos Millet y Pretoria son recientes y sonados en Cataluña, sin mencionar los casos de Baleares, sobre los que recientemente un periódico dibujaba un mapa donde se han dado casos de corrupción y a penas se intuía la silueta de las islas.
No deja de sorprenderme cómo los casos de corrupción política acaparan la atención de los medios. Casos Millet y Pretoria son recientes y sonados en Cataluña, sin mencionar los casos de Baleares, sobre los que recientemente un periódico dibujaba un mapa donde se han dado casos de corrupción y a penas se intuía la silueta de las islas.
Hace unos días se levantó el secreto de sumario sobre el caso Gürtel. En él se puede deducir que el Senador Luis Bárcenas se ha estado beneficiando del partido en su propio beneficio. Pero esto no parecía ser causa suficiente como para que el Sr. Rajoy le pidiera su carné de militante. En el comité ejecutivo del lunes 05 de abril (poco antes del levantamiento de sumario) Rajoy afirmó: "Atajaré lo que no sea presentable". A los ojos de cualquier ciudadano no sólo no es "presentable", sino que es indignante que este señor continuara como militante del Partido Popular y como senador.
Muchas han sido las voces que desde el propio Partido Popular pedían que se actuara en consecuencia. Mientras Aguirre afirmaba que "cualquier duda sobre la rectitud de cargo público exige el apartamiento de sus funciones", Iturgaiz pedía a Bárcenas que hiciese el menor daño posible a su partido.
Como consecuencia de la presión mediática y de varios dirigentes del Partido, el Sr. Bárcenas cesó como militante del PP a las 48 horas del levantamiento del sumario, decisión que llegó tarde y mal. Tarde porque si esta decisión la hubiera tomado antes, no hubiera debilitado tanto la imagen del principal partido de la oposición. Mal porque queda en evidencia que la estratagema del Sr. Bárcenas y del Partido Popular no es más que un absurdo paripé, ya que la no militancia es temporal, se mantiene su acta como senador, su despacho y el pago de los costes de su defensa jurídica.
Con este panorama es complicado pedir a los ciudadanos que tengan inquietudes políticas, ya que vemos cómo el dinero de nuestros impuestos se usa de forma impune para enriquecer a malversadores y para financiaciones irregulares de los partidos políticos, en vez de utilizarse para temas que realmente importan actualmente, que lamentablemente no son pocos hoy en día.
Un informe alertaba de la corrupción en Santa Coloma pero el Parlament lo archivó
EL AGUJERO SUPERA LOS 60 MILLONES
El agujero del Ayuntamiento socialista de Santa Coloma aumentaba mientras el Parlamento catalán miraba hacia otro lado. La Sindicatura de Cuentas le remitió en 2007 un informe detallado de las operaciones urbanísticas del consistorio. Los diputados lo archivaron.
El informe de la Sindicatura de Cuentas alertaba sobre la existencia de irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento socialista de Santa Coloma de Gramanet, y que han acabado desembocando dos años después en la operación dirigida por Garzón.
Sin embargo, los diputados catalanes miraron hacia otro lado y archivaron el informe. Ningún grupo político solicitó siquiera la comparecencia del síndico, Joan Colom.
En el informe, que se refería al ejercicio de 2003 aunque fue presentado en 2007, los auditores encontraron numerosas irregularidades en los aspectos que revisaron: las inversiones del Consistorio y su financiación, la contratación del personal y la liquidación del impuesto de plusvalías.
Pero no sólo los políticos catalanes decidieron obviar el escándalo. Tal y como recoge El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona dirigido por el juez Adolfo Fernández Oubiña, archivó en 2003 la querella presentada por siete empresas en la que se denunciaba, entre otras cosas, una serie de anomalías en la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma.
Las irregularidades se extendían también a otros ayuntamientos socialistas como el de Badalona, también investigado por Garzón. El proceso judicial que llevó a la imputación de alcaldes, concejales de urbanismo y de otros cargos municipales fue archivado.
Mientras la casta política catalana, e incluso la justicia, miraban hacia otro lado, el agujero en el Ayuntamiento de Santa Coloma iba aumentando. Según publica ABC, la deuda supera los 60 millones de euros, según las primeras estimaciones. Y el beneficio de la trama superaría los 20 millones.
En los registros ha llamado la atención el volumen de obras de arte intervenidas. Sólo con las confiscadas al ex diputado del PSC, Luis García Sáez, se llenaron dos furgonetas. Y es que, se sospecha, que una de las formas en las que los imputados blanqueaban dinero era con la compra de arte.
El agujero del Ayuntamiento socialista de Santa Coloma aumentaba mientras el Parlamento catalán miraba hacia otro lado. La Sindicatura de Cuentas le remitió en 2007 un informe detallado de las operaciones urbanísticas del consistorio. Los diputados lo archivaron.
El informe de la Sindicatura de Cuentas alertaba sobre la existencia de irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento socialista de Santa Coloma de Gramanet, y que han acabado desembocando dos años después en la operación dirigida por Garzón.
Sin embargo, los diputados catalanes miraron hacia otro lado y archivaron el informe. Ningún grupo político solicitó siquiera la comparecencia del síndico, Joan Colom.
En el informe, que se refería al ejercicio de 2003 aunque fue presentado en 2007, los auditores encontraron numerosas irregularidades en los aspectos que revisaron: las inversiones del Consistorio y su financiación, la contratación del personal y la liquidación del impuesto de plusvalías.
Pero no sólo los políticos catalanes decidieron obviar el escándalo. Tal y como recoge El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona dirigido por el juez Adolfo Fernández Oubiña, archivó en 2003 la querella presentada por siete empresas en la que se denunciaba, entre otras cosas, una serie de anomalías en la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma.
Las irregularidades se extendían también a otros ayuntamientos socialistas como el de Badalona, también investigado por Garzón. El proceso judicial que llevó a la imputación de alcaldes, concejales de urbanismo y de otros cargos municipales fue archivado.
Mientras la casta política catalana, e incluso la justicia, miraban hacia otro lado, el agujero en el Ayuntamiento de Santa Coloma iba aumentando. Según publica ABC, la deuda supera los 60 millones de euros, según las primeras estimaciones. Y el beneficio de la trama superaría los 20 millones.
En los registros ha llamado la atención el volumen de obras de arte intervenidas. Sólo con las confiscadas al ex diputado del PSC, Luis García Sáez, se llenaron dos furgonetas. Y es que, se sospecha, que una de las formas en las que los imputados blanqueaban dinero era con la compra de arte.
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